La sociedad no es un todo uniforme fácil de manejar a nuestro antojo. Es la suma de individuos y cada uno de una madre. Por ello, la manera más efectiva y rápida a corto plazo de encauzar un comportamiento social, o evitarlo, son las sanciones.
Quizás los más románticos quisiéramos una sociedad donde los comportamientos florecieran de las entrañas de los individuos con el bien común por bandera, y ni siquiera fuera necesario el estímulo del premio para reforzarlo. Pero el romanticismo no salva vidas en el contexto actual.
Por ello, no puedo comprender que se demonice solamente al hostelero cuando la irresponsabilidad de algunas personas es tan obvia que ponen en peligro al resto. 
No defiendo al hostelero a toda costa. Al que se pase las normas por el arco de Trajano, zapatazo gordo. Pero emergen los botellones y las reuniones ilegales. 
Un abanico toledano de sanciones ejemplares terminaba con las bobadas de los cafres en el ipso facto.
Propongo. Toda reunión ilegal, botellón o similar de más de 10 personas donde no se cumplan las medidas de seguridad exigidas, supondrá una sanción para cada uno de los asistentes de 10.000 euros, los cuales quedarán inscritos en un registro con su DNI. Si cualquiera de ellos volviera a incurrir en tan grave alevosía, la sanción será de 20.000 euros. Si, por tercera vez (y hay que ser tonto de baba) incurriera, la sanción será de 30.000 euros, y de tres meses de cárcel, y así sucesivamente con un incremento de 10.000 euros con respecto a la sanción anterior.
No sé si es desmesurado, pero hay mucha tontería, y no me queda más remedio que parafrasear al maestro Miyagi… «situaciones extremas requieren medidas extremas». 
Que no hay por qué quitarles a los bares dos horas y media de servicio de terraza, por poner un ejemplo.
Y, adiós tonterías.