España tiene dos vidas, la de todos los ciudadanos que residen en territorio español, donde hay pandemias, paro, necesidades, calamidades y solidaridad frente a ellas y la de la Administración.
Se dictaron medidas sobre plazos administrativos en los tiempos de la pandemia, pero las administraciones siguen aplicando sus plazos haya pandemia o no, porque los estados de alarma, de cierre de comunidades han sido muy complejos y no existe administración que haga calendarios.
La Administración lleva el tiempo al segundo. No tiene en cuenta las circunstancias por las que atraviesa el país. El estado de alarma solo es válido para restringir, multar y para los carteles de carretera. Estado de alarma, dicen los paneles. Depende para quién, para la administración sí ha acabado.
Los hosteleros cerrados, han de pagar a la Administración en fecha requerida, o habrá sanción.
Los plazos de recurso no tienen en cuenta la pandemia, el salir de la provincia, o de la comunidad; invéntatelas, los plazos son sagrados. He visto desestimar documentos por incumplir un día de plazo y si pretendes arreglarlo, has de acudir a la buena voluntad o a los tribunales. De nada sirve mostrar que ese día estaba cerrada la provincia y no se pudo presentar. 
Eso sí, el propietario a quien no paga el inquilino ha de pagar los tributos, cobre o no.
Un bar debe abonar las tasas en función del espacio de servicio, mesas y barra, esté abierto o no; aunque se use el bar sólo como almacén y se compense chapuceramente con terrazas libres de espacio e impuestos, para que los hosteleros no levanten armas.
Y los funcionarios muy en su papel, no entienden de casos, de situaciones: «No me importa la situación económica. Tampoco muestro el problema a mis superiores, aplico el reglamento y punto», dicen.
En España la fuerza mayor existe en el código, no en la realidad. Quizá sea mejor la fuerza de la chaira, que preveo no tardará.