Esta semana trepidante, que ha traído un adelanto electoral en Cataluña y, como consecuencia, la imposibilidad de aprobar unos presupuestos del Estado, se cierra con un informe demoledor: la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid.
Mientras PSOE y PP se tiraban los casos de corrupción a la cabeza, y Yolanda Díaz no conseguía que los Comunes aprobaran las cuentas catalanas pactadas por Aragonés e Illa, un grupo de expertos, formado por juristas, médicos, y personal sanitario adscrito a las residencias, daba a conocer las consecuencias de los "protocolos de la vergüenza".
Madrid superó con creces la mortalidad de ancianos, comparada con otras regiones y otros países europeos. Más de cuatro mil personas pudieron haber salvado la vida si hubieran recibido atención médica. Los expertos acusan al Gobierno de Díaz Ayuso de "actuación inadecuada" por restringir las derivaciones a hospitales. Los centros de mayores, al contrario de lo afirmado por la Puerta del Sol, no contaban con la medicalizacion necesaria. Tanto es así que los ancianos murieron en condiciones atroces y en la más completa soledad.
Esta comisión, que ha entrevistado a cientos de familiares, personal de las residencias y especialistas en gerontología, se formó cuando se disolvió la Asamblea de Madrid, por la convocatoria electoral, y no volvió a reabrirse la comisión creada a tal efecto. Si los políticos no investigan una tragedia semejante, la sociedad toma el relevo.
Una de las conclusiones más graves pone en evidencia que se produjo una clarísima denegación del deber de socorro, hecho tipificado como delito en el Código Penal. Por eso instan a la Fiscalía a realizar una investigación. Uno de los firmantes, Fernando Flores, docente en la Universidad de Valencia, denuncia que, pese a tener camas libres, no se trasladó a los ancianos enfermos a hospitales privados, donde quedaron más de mil camas sin ocupar.
Pero en lo que coinciden todos los firmantes del manifiesto es en desmentir la frase categórica de la presidenta Ayuso de que "los mayores se iban a morir igual". No. Murieron abandonados, sin atención médica, sin oxígeno, y solos en sus habitaciones. Creen los expertos, también, que si el personal médico que se derivó al hospital Zendal se hubiera destinado a las residencias, Madrid no tendría esta vergonzosa cifra de fallecimientos.
Este tema, que pretendemos olvidar, al igual que intentamos olvidar las secuelas del confinamiento, es mucho más grave, como responsabilidad política, que el fraude a Hacienda del compañero sentimental de Ayuso. Y, aunque la clase política esté muy entretenida arrojándose la corrupción para desgastar al contrario, lo grave, lo verdaderamente grave, es cuando las administraciones no cumplen con su papel prioritario de proteger la vida de los ciudadanos, tengan la edad que tengan.