Fernando Aller

DESDE EL ALA OESTE

Fernando Aller

Periodista


Culpas propias

09/06/2023

Existe amplio consenso en los medios de comunicación al tratar de explicar lo que algunos interpretan como la marea azul de las últimas elecciones: el votante socialista más frío y frívolo quiso dar una patada a Sánchez y lo hizo en los traseros de algunos alcaldes y presidentes autonómicos significativos, en unos casos por acción y en no pocos por omisión. Probablemente en las ciudades más populosas el mensaje ideológico sectario solapó el voto reflexivo, pero esa circunstancia tampoco puede ocultar que los fracasos de quienes perdieron y los éxitos de los ganadores han de serles atribuidos personalmente. No es elegante eludir la propia responsabilidad cuando de fiascos se trata.
La reflexión surge al intentar comprender lo ocurrido en dos pueblos de León, donde los partidos clásicos no han logrado concejales y en los que repetirán como alcaldes dos condenados por prevaricación. Apenas cerradas las urnas, la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia que condena a Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez, alcaldes de Cuadros y Puebla de Lillo, a ocho años de inhabilitación por el caso Púnica. El recurso al Supremo impide que la sentencia sea firme y eso les permitirá seguir al frente de sus respectivas alcaldías. Marcos Martínez fue detenido hace nueve años en su despacho de presidente de la Diputación leonesa, acusado de utilizar dinero público para mejorar su reputación personal a través de internet, práctica iniciada por su antecesora en la presidencia de la Diputación, la asesinada Isabel Carrasco. El Tribunal dicta que no se ha probado que la publicidad tuviera como fin mejorar la reputación personal de los condenados, si bien afirma que existió prevaricación en la adjudicación y pago de los contratos.
Los condenados fueron expulsados del PP tras su detención en 2014. De nuevo ahora han arrasado en los comicios como independientes. Del PP y del PSOE no han quedado restos. Para algunos es consecuencia de la supuesta trayectoria caciquil de los encausados, utilización de recursos públicos o apadrinamiento de empleos. En todo caso, una prueba de que no siempre resultan decisivas las alharacas partidistas nacionales.