Los órganos judiciales de Castilla y León procesaron a una persona por corrupción durante el segundo trimestre del año, cifra que en el conjunto nacional se elevó a 59, de las que once eran personas jurídicas y 48 físicas, según el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial.

Este repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.

Además, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 13 fueron condenatorias y 7, absolutorias. En Castilla y León fueron tres las sentencias dictadas, de las que una fue absolutoria.