El vicesecretario general Política Sindical de UGT, Fernando Luján, instó hoy a la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a que "reconduzca" la situación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el sistema autónomo de solución de conflictos de la Comunidad, ante el inicio de la causa contra las decisiones del Gobierno autonómico, que ha iniciado junto a CCOO en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
A las puertas de la Audiencia Provincial, minutos antes de la vista que se sigue en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid, el dirigente de UGT señaló que con la demanda presentada se está "defendiendo el sistema constitucional de relaciones laborales", en un procedimiento al que se personó la abogada del Estado y que incluyó el interrogatorio al director general del SERLA.
En ese sentido, Fernando Luján exigió a Fernández Mañueco y, a quien se defina como constitucionalista, que defienda la Constitución española, ya que denunció se está "pisoteando" la Carta Magna desde que la "ultraderecha" entró en el Gobierno de la Comunidad y comenzó a atacar, en su opinión, a los sindicatos y la libertad sindical. Esto, dijo, no es ser "constitucionalista", ni "demócrata", ni siquiera europeo.
Al respecto, denunció que la Junta está atentando contra el modelo de convivencia, de relaciones laborales y de solución autónoma de conflictos. "Esto no va a de financiación a sindicados, sino de dar respuesta cuando hay una huelga o conflicto colectivo y cuando un trabajador o una empresa deciden ir a la jurisdicción social a exigir un derecho", dijo. Además, apuntó que "se ataca" el derecho a la tutela judicial efectiva al negar la existencia del SERLA.
Además, indicó que esperan que la justicia ordene a la Junta que restablezca un "SERLA de calidad, suficientemente financiado y respetado", ya que señaló que además del pronunciamiento judicial, la Junta tendrá que recomponer las relaciones laborales de la Comunidad, que destacó "han funcionado más de 30 años admirablemente bien". Para ello, indicó que se tendrá que reconocer el "respeto institucional" que merecen los sindicatos.
Finalmente, el vicesecretario general Política Sindical de UGT señaló que el Gobierno de España debería actuar con la "misma contundencia" contra las decisiones de la Junta que lo hace con quien incumple la Constitución. En un inicio, la Junta planteó la desaparición de este servicio de mediación, y posteriormente garantizó su continuidad, pero con menos funciones y con una reestructuración interna. Planteó que dejara de tratar conflictos individuales, cambiara sus sedes y redujera el número de mediadores.