El Ayuntamiento pretende poner en marcha de cara a la recta final del año un descuento del 50% en los precios de los abonos del servicios de autobús urbano que en la práctica hará que el precio por viaje se reduzca de 0,65 a 0,325 euros en el caso del bonobús normal; de 0,30 a 0,15 euros para jóvenes, familias numerosas y desempleados; y de 0,20 a 0,10 euros para viajeros de la Tercera Edad o con discapacidad.

El primer paso se dio ayer en la comisión de Hacienda, donde se dictaminó favorablemente por unanimidad la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Transporte Urbano con el objetivo de reducir las tarifas antes citadas en un 50% del 1 de julio al 31 de diciembre. De esta forma, el equipo de Gobierno de Miriam Andrés materializa una medida a la que se negó hasta en dos ocasiones el anterior equipo de Gobierno del Cs y PP, la aplicación del real decreto-ley en el que se adoptaron determinadas actuaciones de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, en el que se fijó un sistema de ayudas directas para la concesión de apoyo financiero a las comunidades autónomas y entidades locales que presten servicio de transporte público colectivo.

Durante el anterior mandato, el PSOE fue muy crítico con la decisión por parte del Ejecutivo de Mario Simón de no solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana esta ayuda, la cual se implantó en septiembre de 2022 en la mayoría de ciudades de España. De hecho, Palencia fue la única de Castilla y León que ignoró esta ayuda, por lo que los usuarios de autobús urbano no disfrutaron de ningún descuento. 

El argumento que esgrimió el anterio primer edil fue que las reducciones eran «mínimas» y solo se aplicaban para viajeros frecuentes que pagan 20, 30 y 50 céntimos de euro por viaje en los bonos ya bonificados». Además, alegó el elevado coste de la aplicación informática necesaria para ponerlo en marcha.

al pleno con objeciones. El acuerdo dictaminado por la comisión de Hacienda deberá ser aprobado por el pleno este jueves. La ley exige que, para que los nuevos precios entren en vigor, debe someterse la aprobación inicial a información pública durante 30 días. Si no hay alegaciones -si las hay deberá someterse a votación del pleno de nuevo- se aprobará de forma definitiva y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, momento a partir del cual entrará en vigor. 

Esta hoja de ruta hará que, como muy pronto, la medida no entre en vigor hasta finales de agosto, lo que ha movido al tesorero del Consistorio a plantear varias objeciones que ha reflejado en un informe incluido en el expediente. 

La primera tiene que ve con cómo se aplicarán los descuentos a los bonobuses vendidos desde el 1 de julio, ya que la empresa concesionaria asegura que no existe un programa informático que lo aplique de forma automática, por lo que cada usuario debería ir a Palbús a reclamar su descuento. Esto ya fue esgrimido por el equipo de Gobierno de Mario Simón para negarse a solicitar la ayuda en su día. 

Y, después, está el hecho de que el propio Real Decreto-Ley del Gobierno establece que la implantación efectiva de la medida puede ser posterior al 1 de julio pero no sobrepasar el 1 de agosto. El tesorero municipal advierte de que dado que hay que proceder a la exposición pública durante 30 días para la aprobación definitiva y la entrada en vigor de la medida, no se puede cumplir con ese plazo. Además, recuerda que las ordenanzas fiscales no pueden se retroactivas, por lo que tampoco estaría tan claro que pueda fijarse su inicio en el 1 de julio.

En todo caso, y pese a la objeciones, la propuesta ha recibido luz verde por lo que sigue adelante. Si finalmente se pone en marcha, las arcas municipales dejarán de ingresar de aquí a final de año 133.036,05€euros pero el Gobierno deEspaña se hará cargo de más de la mitad, de forma que el Consistorio solo dejará de ingresar 53.214,42 euros.