Criar, educar y garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de cada persona que llega a este mundo es deber de sus progenitores y su entorno familiar, pero también de la sociedad en la que vive. Con todos los medios disponibles en materia sanitaria, educativa, lúdica y psicosocial. Cuidar, respetar, garantizar la atención y unas condiciones óptimas de vida de las personas mayores, enfermas y dependientes es también un derecho de los afectados y un deber de sus allegados y, nuevamente, de la sociedad. Con todos los medios disponibles en materia sanitaria, asistencial, psicosocial y de plena integración. 

Hasta ahí todo el mundo estaría de acuerdo, al menos en un país como España, con una red importante y consolidada de servicios públicos y una gran fortaleza de la estructura familiar. También parece haber acuerdo, aunque con matices, en el derecho a una muerte digna. El problema se plantea cuando se abordan situaciones extraordinarias, como las de un conflicto armado y más si este tiene carácter civil, como la guerra del 36 al 39. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) conoce bien las dificultades para dar con los restos de muchas de las víctimas, obtener autorización y conseguir medios para exhumarlos y lograr devolvérselos a sus familias para que les den una sepultura digna, localizada en su pueblo y con nombres y apellidos. Fosas comunes, falta de documentación, impedimentos técnicos y hasta desidia oficial han ayudado poco a una labor encomiable. Mucho es lo que lleva hecho este colectivo y mucho todavía lo que resta por hacer. En España; en Palencia también.

 Ahora, embarcados como están en dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, dirigen sus miradas a las exhumaciones e identificaciones de restos que se encuentran en la mayor fosa común del país, el Valle de Cuelgamuros -antes de los Caídos-, donde hay enterrados los de más de 33.800 personas. No es una tarea fácil y las labores forenses se desarrollan con la lentitud y la precisión necesarias para que el resultado sea óptimo. Porq    ue son miles las familias que esperan recuperar a los suyos, después de más de ochenta años de búsqueda y gestiones. Es un deseo legítimo, pero también un derecho y una vía de normalización respecto a las consecuencias de una etapa de la historia reciente. Hasta ahora, y sin olvidar que hay casi quince mil sin identificar en el megamonumento franquista, se sabe que al menos 27 cuerpos recuperados de fosas de nueve localidades palentinas, incluida la capital, descansan allí. La ARMH tiene sus datos completos y si las familias  quieren recuperarlos, han de contactar con la Dirección General de Memoria Democrática. Un deber inexcusable.