La ley de violencia intrafamiliar de Castilla y León, una de las exigencias de Vox para firmar el pacto de Gobierno que sustenta el Gobierno regional, vuelve a salir a flote cuando falta un mes exacto para la celebración de las elecciones generales del próximo 23 de julio. «Los tiempos se manejan desde Génova y no desde el Colegio de la Asunción», deslizó el portavoz en las Cortes de Vox, Carlos Menéndez, insinuando que la dirección nacional del PP es la encargada del retraso en la tramitación de la norma. Una demora que negó horas después el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, (PP), que aseguró se dan los pasos en el trabajo de elaboración del anteproyecto de ley de violencia intrafamiliar, y respondió a Vox que «importa más el resultado que el plazo». «El borrador está en marcha». Y es que, según consta en el pacto de gobierno PP-Vox, antes del 31 de julio de 2022 «se iniciará» la tramitación para elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar.
Este desencuentro entre ambos socios de Gobierno se suma al acontecido esta semana entre el número dos de la Junta y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, y la consejera de Educación, Rocío Lucas, sobre la implicación del Ejecutivo regional contra la violencia de género. Todo ello con el telón de fondo de las elecciones generales, y con ambas formaciones tratando de marcar perfil ideológico propio para distanciarse de su socio en la Junta.
El propio portavoz de Vox en las Cortes insistió en que la ley de violencia intrafamiliar «forma parte del acuerdo de gobierno para la legislatura» y, por ello, pese a ese «manejo de tiempos desde Génova», consideran desde su formación que «hay tiempo suficiente, en los dos años y medio que quedan de legislatura, para que esta ley salga a la luz». No obstante, quiso hurgar en la herida y afirmó que en Vox tienen la percepción de que «hay diferentes PP» según la comunidad autónoma y, en algunos aspectos, el de Castilla y León «puede estar coordinado desde Génova».
Acto seguido quiso rebajar la tensión y reconoció que «la relación de trabajo en el día a día, y la confianza en el PP como socio de gobierno por parte de Vox, no consideramos que se vea mermada». De hecho, valoró que «miembros del propio PP en la Junta manifiestan, con cierta frecuencia, y públicamente, la comodidad de trabajar con Vox» y, en ese sentido, se refirió a las declaraciones del nuevo alcalde de Valladolid y exconsejero de Presidencia de la Junta, Jesús Julio Carnero, que señaló que «se siente cómodo con Vox».
En manos de Familia
Desde la sala de prensa del Colegio de la Asunción, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, calmó los ánimos de su socio de Gobierno, aunque les recordó que «los tiempos» los maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en manos del PP. «Se dan pasos en este texto, pero se exige trabajo previo, diálogo y consenso», sostuvo Fernández Carriedo, que recalcó que «importa más el resultado que el plazo», por lo que pidió que se deje trabajar a la Consejería de Familia e Igualdad.
Evitó entrar, como se le preguntó, en sí existen diferencias entre la parte del Gobierno del PP y de Vox en relación a esta nueva ley que figura en el acuerdo de legislatura, después de que esta norma iniciara su andadura en el Gobierno Abierto el pasado verano sin que se hayan conocido más plazos. «La Junta actúa a través de sus hechos y los hechos es que hemos desarrollado una de las normativas dentro de la legislación española más avanzadas en materia de violencia de género, es una ley que está en vigor y que hemos venido reforzando con nuevas medidas».
Por último, señaló que al Ejecutivo regional le parece conveniente trabajar en atajar otras formas de violencia que, además de la violencia de género, deben ser «objeto de atención» y que en 2019 ya se abordó a través del Plan de Violencia Intrafamiliar aprobado con una amplia participación y que ahora es la base de la Ley en la que se trabaja desde la Consejería de Familia.