La fuerte caída demográfica que registra España desde hace una década obligará a las administraciones a repensar por completo el sistema educativo de los próximos años. En concreto, el país ha perdido medio millón de puestos escolares en los últimos 10 años, lo que propiciará un excedente de recursos públicos que las comunidades pueden usar en mantener el actual mapa escolar o, por contra, «hacerlo bien» y cerrar ahora colegios para lograr un sistema «más eficiente y justo».

Esa es una de las tesis que se extrae del análisis Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, que firman los investigadores Lucas Gortázar y Jorge Galindo, ambos del Centro de Políticas Económicas de Esade.

El trabajo recuerda que entre 2013 (el máximo histórico) y 2023 España ha perdido 450.000 menores de 16 años y en 2037 la cifra habrá sobrepasado el millón de niños.

En consecuencia, el sistema educativo pasará de tener que absorber 7,5 millones a menos de 6,5 millones de estudiantes.

La caída demográfica variará por etapas. Secundaria perderá un 25 por ciento de alumnado potencial en 2037: de los casi 2,1 millones de hoy a 1,6 en 2037; mientras, Primaria se situará en 2032 por debajo de los 2,4 millones, lejos de los tres millones de 2017.

Por territorios, Zamora, León, Palencia y Jaén registrarán un descenso de más de un tercio del volumen de menores de 16 que tenían en 2013; otras perderán menos de un 10 por ciento (es el caso de Madrid y Barcelona) e incluso algunas ganarán, como sucederá con Almería y Baleares.

Si, como parece probable, la inversión pública no baja y se mantiene en niveles actuales, el gasto por alumno va a crecer «sustancialmente», por lo que Gortázar y Galindo se preguntan en qué invertir ese excedente de recursos consecuencia del déficit de nacimientos.

A su juicio, hay dos opciones: dejar las cosas como están o rediseñar la red escolar para aprovechar ese saldo positivo.

La opción de no hacer nada, manteniendo el mapa actual hasta que los recursos lo permitan, «implica no cambiar el número de aulas ni el de escuelas, preservando la red para proteger, en teoría, la cercanía a la escuela y a los pequeños municipios».

Sin embargo, advierten, «lo hace al gigantesco coste de producir un sistema más ineficiente y menos equitativo y pospone decisiones, que a futuro tendrán que ser drásticas» en vez de hacerlo poco a poco.

«La decisión -subrayan- no es entre cerrar o no cerrar escuelas, sino entre cerrar escuelas y líneas ahora y hacerlo bien o cerrarlas en 10 años y hacerlo mal».

Cierre de colegios

Por ello, los expertos proponen una reforma que implemente mecanismos de compensación suficientes, por ejemplo, con planes de transporte y comedor gratuitos para el alumnado que tenga que desplazarse más, en escuelas y líneas donde se han vuelto demasiado pequeñas.

Una vez emprendido el proceso de reestructuración será «posible redirigir los excedentes allá donde puedan producir un impacto más justo y productivo».

En su opinión, el remanente de recursos por la caída demográfica es «la gran oportunidad» para mejorar la financiación de las escuelas en la próxima década.

«Tanto en el escenario optimista como en el pesimista respecto a la financiación educativa, no habrá un crecimiento del gasto público significativo a 5 o 10 años, y es más probable que el presupuesto crezca lentamente al ritmo de la economía o incluso por debajo».

En el análisis insisten en que toda política pública y todo uso de los recursos implica una elección. «Mantener el mapa escolar actual implica priorizar a los alumnos en centros pequeños en detrimento de los centros grandes y a los alumnos de zonas rurales en detrimento de las áreas urbanas».

A cambio, «se deja de invertir el excedente de recursos tanto cuantitativa -más tiempo de dedicación por alumno- como cualitativamente -nuevas formas de organización- allí donde hay más alumnos y se sigue invirtiendo en una red más ineficiente, con muchos centros muy pequeños».