Fue la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien lo anunció este martes en el pleno de las Cortes de Castilla y León, pero no se supo hasta que ayer informó de ello el PSOE: la Junta de Castilla y León va a rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas Ferrovial Agroman-Constructora Peache para la construcción de la primera fase del nuevo hospital con apenas el 5,48% ejecutado.

Verónica Casado, a una pregunta del procurador socialista Diego Moreno, comenzaba diciendo que «en este año de legislatura, se ha avanzado mucho en numerosas obras e infraestructuras, aunque es cierto que también han podido aparecer problemas en algunas de ellas que han supuesto una ralentización e, incluso, paralización de los trabajos». 

Poco después, durante el repaso a las inversiones en materia de infraestructuras sanitarias en marcha por la Junta de Castilla y León fue cuando la consejera soltó el auténtico jarro de agua fría para toda la provincia: «En Palencia se está tramitando la resolución del contrato administrativo del nuevo bloque técnico del hospital. Una vez resuelta, se procederá a licitar nuevamente la obra pendiente de ejecución».

La confirmación llegó por la tarde a través de una escueta nota de prensa de la Delegación Territorial en la que se apuntaba el motivo de la resolución del contrato, y que según la Junta es el «incumplimiento del contratista».

«Ante la inactividad de la empresa, hecho que supone un incumplimiento del contrato, se ha optado por proponer la resolución del mismo. La empresa solicitó la suspensión de las obras por razones distintas a la pandemia por Covid-19 y también solicitó la redacción de un proyecto modificado de las obras. Ambas solicitudes han sido desestimadas por la Administración», continuaba el comunicado.

En él se avanza también que la Junta «ya ha iniciado los trámites para resolver el contrato de obra por incumplimiento del contratista», pero que la resolución del contrato «no es un acto inmediato, implica un procedimiento administrativo sujeto a la legislación» y, por lo tanto, «conlleva unos plazos».

«Entre ellos, sigue el comunicado, debe darse audiencia al contratista para que pueda alegar cuanto estime pertinente. Además, debe solicitarse informe al Consejo Consultivo, siempre y cuando haya oposición por parte de este».

El caso es que solo cuando dicha tramitación finalice, podrá iniciarse una nueva licitación de la obra pendiente de ejecutar, que es prácticamente toda porque ese 5,48% que sí ha llevado a cabo Ferrovial Agroman-Peache no es más que construcción del nuevo aparcamiento con una inversión de 1,9 millones de euros, la demolición de edificios de los antiguos almacenes y servicios externos y la preparación del terreno.

sin fecha. Ahora mismo, es imposible determinar cuánto retraso añadido recae sobre las espaldas de un proyecto que acumula 13 años de trámites y alguno más desde que se planteó por primer vez. Sí son conocidos los plazos que manejó la Junta de Castilla y León hasta adjudicar a Ferrovial y Peache las obras, y que echaron a andar con la autorización del Consejo de Gobierno del contrato y, días después, el 18 de enero de 2017, la publicación de la licitación de las obras en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Desde ese día, la administración regional tardó prácticamente nueve meses en adjudicar las obras, trámite que ocurrió el 7 de septiembre, a la UTE formada por Ferrovial Agroman y Peache por 36.176.093,80 euros . La empresa aún tardaría cinco meses, en febrero de 2018, en arrancar  la construcción del nuevo aparcamiento, obras que transcurrieron sin problemas hasta su finalización en marzo de 2019.

Sin embargo, cuando la empresa se puso manos a la obra con la parte del león de este contrato, surgieron los primeros problemas y las primeras diferencias con la Junta sobre el coste económico del proyecto. Tras meses sin actividad alguna, no fue hasta enero de este año, casi 24 meses después del inicio oficial de las obras, que se colocaron las casetas de obra que anunciaban el inminente reinicio de los trabajos.

En la negociación con la Junta, las constructoras ganaron seis meses de plazo para acabar las obras, por lo que solo tenía poco más de un año y medio para pasar del papel a la realidad una inversión de más de 34 millones de euros, un reto que tanto Ferrovial-Peache como la Junta veían capaz. 

Se demolieron algunos solados y edificios, y surgió un nuevo problema, la retirada de los viejos contenedores de gasoil del hospital. La Junta licitó un contrato para contratar a una empresa especializada en este tipo de residuos, pero las obras ya no se reanudaron más. Ahora, se ha firmado su sentencia y, lo que es peor, se cierne sobre el nuevo hospital una nueva incertidumbre y más retrasos.