El PSOE se plantó hoy ante PP y Vox, socios de gobierno en la Junta, tras no admitir la Mesa de la cámara una pregunta por ser "jurídica" sobre el contrato de comunicación vinculado a los incendios forestales. "Nadie va a amordazar la voz de los socialistas", sentenció su secretario autonómico y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, quien avisó de que pedirán explicaciones sobre lo que que consideran un caso de presunta "corrupción" en el pleno de esta tarde. Por su parte, las Cortes de Castilla y León respondieron al Grupo Socialista que los servicios jurídicos y la Mesa, en su función calificadora, se limitan a analizar la "literalidad" de los escritos presentados, no la "intencionalidad" de los procuradores, tras inadmitirse una pregunta de la socialista Ana Sánchez por aludir a una consulta de índole jurídica, según informaron a Ical fuentes parlamentarias.
Tudanca compareció este martes en una rueda de prensa "poco habitual", antes de la sesión de este martes junto a la procuradora zamorana y secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, quien iba a formular como pregunta oral ante el pleno: "¿Considera la Junta de Castilla y León legal que las Consejerías pertenecientes a la misma puedan adjudicar contratos sin IVA?".
Ana Sánchez pretendía exigir explicaciones a la Junta por un contrato de comunicación vinculado al operativo de incendios que se formalizó como exento de IVA. Sin embargo, la Mesa no la aceptó el pasado jueves en base a un informe del letrado mayor Marcos Herrero Martínez-Tutor, que alegó que era una cuestión de índole jurídica.
Ante este hecho, los socialistas presentaron un escrito pidiendo al máximo órgano de la cámara que reconsiderara la decisión, por lo que este martes se reunió de nuevo la Mesa y la Junta de Portavoces, antes del pleno de esta tarde, para analizar la petición del Grupo Socialista, que fue rechazada, sin ellos, sin darles una explicación adecuada.
Ana Sánchez defendió que se trataba de una pregunta "política" y no "jurídica" y Tudanca añadió que con el razonamiento esgrimido en las Cortes no se podría haber preguntado y hablado sobre los "numerosísimos casos de corrupción" que aseguró han "asolado" la Comunidad, como las tramas eólica y solar, la 'Gürtel' o la 'Enredadera', pero tampoco abrir la comisión de investigación del Hospital de Burgos o criticar el 'toque de queda' al "ocaso", que fue anulado por el Tribunal Supremo.
Por ello, insistió en que es "terriblemente peligroso", dijo, el "camino" que están iniciando en las Cortes, visto además que Vox presidirá varias cámaras autonómicas -Aragón, Islas Baleares o Comunidad Valenciana-. Además, manifestó que la "quiebra" de las instituciones afecta al funcionamiento del Estado y concluyó que lo que buscan es "cargarse la democracia".
Respuesta de las Cortes
Las Cortes de Castilla y León respondieron hoy al Grupo Socialista que los servicios jurídicos y la Mesa, en su función calificadora, se limitan a analizar la "literalidad" de los escritos presentados, no la "intencionalidad" de los procuradores, tras inadmitirse una pregunta de la socialista Ana Sánchez por aludir a una consulta de índole jurídica, según informaron a Ical fuentes parlamentarias.
Así se pronunciaron los servicios jurídicos en su informe a la Presidencia de las Cortes tras no aceptar el pasado jueves la Mesa, con los votos de PP y Vox, la pregunta oral ante el pleno que decía: "¿Considera la Junta de Castilla y León legal que las Consejerías pertenecientes a la misma puedan adjudicar contratos sin IVA?" y pedir el Grupo Socialista una reconsideración.
Este martes, tras analizar el escrito del PSOE, se mantuvo la misma decisión, ya que el informe indica que la problemática reside en la "literalidad" de la pregunta, porque en su objetivo admite que es "perfectamente compatible con la vía de control al ejecutivo escogida".
Desde las Cortes aseguraron que existen "precedentes", en este mismo periodo de sesiones de "inadmisión" de una pregunta escrita por ser de "índole estrictamente jurídica", lo que se decidió por acuerdo "unánime" de la Mesa de las Cortes.
Por ello, desde la dirección de la cámara indicaron que nada impide a la socialista Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes, presentar otra pregunta o iniciativa sobre la misma cuestión, "siempre que la literalidad de los mismos no vulnere lo dispuesto en el artículo 156.2 del Reglamento".
Recordaron que el artículo 156.2 del Reglamento señala que "no será admitida la pregunta de interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, ni la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica".
Para los servicios jurídicos de la cámara "no existió duda al afirmar que se trataba de una cuestión de índole estrictamente jurídica", al incurrir a su juicio en la causa de admisibilidad prevista en el Reglamento.
En su escrito de reconsideración, Ana Sánchez lo rechaza y explica que "lo pretendido con esta cuestión no es otra cosa que conocer la opinión de la Junta ante determinadas infracciones que, como ha ocurrido en fecha reciente, puedan ocasiones alarma social, al adjudicarse contratos de servicios sin la aplicación del IVA".
"No hay mayor interés de quien suscribe, y del grupo político al que represento, que conocer la opinión de la Junta de Castilla y León ante estos supuestos, y todo ello enmarcado en un evidente carácter político. Algo que, por otra parte, tampoco debiera resultar novedoso a esta Mesa, pues no es la primera vez que formulamos preguntas orales con este fin y en estos términos antes determinadas actuaciones de la Junta de Castilla y León que pueden resultar inadecuadas".