Año electoral, año de obras. Las administraciones de Castilla y León que en 2023 pasarán por las urnas apuran los últimos compases de la legislatura para exprimir los últimos proyectos e infraestructuras que presentar a sus vecinos antes de la cita electoral. Un acelerón inversor que se ha traducido en el primer trimestre del año en un repunte de la licitación de obra pública superior al cien por cien, con 641 millones de euros frente a los 308 del mismo periodo de 2022. «Las dos administraciones que se juegan algo este año presentan un gran crecimiento inversor», reconoció ayer el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, que recordó como en 2022 fue la Junta de Castilla y León –hubo elecciones autonómicas en febrero– la que lideró este capítulo. Valoraciones que Pascual realizó ayer durante la presentación de los datos de licitación de 2022 y las previsiones para este ejercicio, donde pasó revista al estado del sector, y alertó del repunte de las obras desiertas, que pronosticó que se duplicarán en 2023 por encima de las 350 por valor de 100 millones.
Antes, el presidente de la Cámara calificó como «buenos» los datos de licitación de obra pública en lo que va de año, y elevó hasta casi los 2.000 millones el total con el que las tres administraciones –central, autonómica y local– terminarán el año, un 11 por ciento más. A diferencia de 2022, este ejercicio será el Gobierno de España quien lidere la inversión en obra pública con 720 millones, seguido por los 690 millones de la Junta y los 480 de los ayuntamientos y diputaciones. Unos datos para las que no se han tenido en cuenta los posibles fondos Next Generation que lleguen a la Comunidad, tal y como apuntó Pascual, que, en cualquier caso, reconoció que son unas previsiones «positivas» que, de confirmarse, dejarán el mejor año para el sector en Castilla y León desde el estallido de la crisis del ladrillo.
En cuanto al 2022, aseguró que fue un «buen año» al alcanzar los 1.695 millones de licitación, con una subida del 23%, de los que el 42% correspondió a la Administración autonómica y el 29% la central y local, respectivamente. Además, consideró que los 488 millones del Estado es una cifra «razonable», si bien destacó el incremento importante de la autonómica en un año de elecciones, hasta los 688 millones, mientras la local, mantuvo sus cifras con 444 millones.
Las administraciones duplican las obras antes del 28-M - Foto: FS ICALContratos desiertos
El presidente de la Cámara de Contratistas se detuvo en la evolución de los contratos públicos que se quedan desiertos, es decir, aquellos en los que ninguna empresa se presenta para realizar una obra. Una problemática que se ha visto agravada con la crisis de precios y que este ejercicio podría marcar un récord histórico con más de un ocho por ciento de las obras desiertas. Traducido a los números, esto supondrá que más de 350 proyectos por más de 100 millones de euros se quedarán en el cajón por la falta de empresas que los acometan. «Que haya un 1% de obras desiertas es lo normal, pero los contratistas ya no se fían de que se les vaya a pagar el sobrecoste», explicó Pascual, que reconoció que las empresas han decidido «echar bien las cuentas» y dejar aquellas obras en las que no van a «defender en precio». En este punto tachó de «inútiles» los dos reales decretos aprobados por el Gobierno de España para aplacar el encarecimiento de las obras: «Son unos decretos trampa».
El presidente de la Cámara de Contratistas señaló que el pasado año se licitaron 4.131 obras, de las que el 4,58 por ciento se quedaron desiertas, con un importe de 56 millones de euros. En lo que va de año, de enero a marzo de las 554 proyectos, el 5,96 por ciento se han quedado abandonadas, si bien sus previsiones indican que este porcentaje crecerá al ocho por ciento de las 4.400 previstas, lo que supondría que se quedarían en el cajón 352 obras. Además alertó que la mayoría de proyectos que se quedan en la estacada son en pequeños municipios donde «son igual de necesarios» que en las grandes ciudades.