Este periódico ya comentó el pasado mes de julio que la realidad social y económica de una provincia, de una comunidad autónoma o de un país, amén de las grandes cifras macroeconómicas, también se pulsa con los datos que aportan los órganos judiciales. Y según las cifras que acaba de hacer públicas el informe sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica trimestralmente, en el período abril-junio de este año, estas no fueron precisamente buenas para Palencia en su conjunto; es más, fueron todavía peores en su conjunto que las del primer trimestre.

Bajo este prisma, los 20 concursos de acreedores presentados ante el Juzgado Número 1, que hace las funciones de Juzgado de lo Mercantil, -12 de ellos por personas naturales no empresarias, cinco empresarios y tres personas jurídicas-  suponen un salto cuantitativo importante respecto a los presentados durante en el primer trimestre del año, que sumaron nueve. No hay que olvidar que durante todo el pasado año se presentaron en Palencia un total de 44 procedimientos concursales, de los que 28 fueron de personas naturales, (diez más que las cifras registradas durante 2021) las que decidieron acogerse a esta figura jurídica para solventar sus problemas de solvencia económica.

Sobre este tema, los concursos de acreedores comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, proceden su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.  

Pero no solo el número de concursos de acreedores refleja que la economía palentina sigue sin ir por buen camino, al menos desde el punto de vista social. Los datos aportados por los dos Juzgados de lo Social de Palencia reflejan que durante el  segundo trimestre de este año se registraron 65 demandas por despido, dos mas que las incoadas en el mismo período de tiempo de 2022 y también dos más que entre enero y marzo de este año. Durante el pasado año se registraron 288 demandas por despidos, la cifra más alta del último lustro (281 en 2021; 283 en 2020, 273 en 2019 y 268 en 2018), mientras que el número de demandas por reclamaciones de cantidades ascendieron a 449, cifra muy similar a la alcanzada en 2021 cuando sumaron 432. En este apartado, entre abril y junio de este año los Juzgados de lo Social de Palencia han tramitado 97 demandas por reclamación de cantidades, 18 más de las que se registraron entre enero y marzo. En otro orden de cosas, las ejecuciones hipotecarias ascendieron en el segundo trimestre de este año a 13, cinco más que en el primer trimestre del año. 

Por lo demás, los procedimientos monitorios, procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento,  pasaron en el primer trimestre de 2023 de las 400 (408 concretamente) frente a las 946 que se presentaron entre abril y junio; es decir, se multiplicaron por más de dos.

CLÁUSULAS SUELO. El Consejo General del Poder Judicial también informó que a fecha de 31 de diciembre de 2022 el número de litigios que se encontraban en trámite relacionados con suscripción de créditos hipotecarios, que en los últimos años literalmente invadieron los tribunales de Justicia por parte de los usuarios por culpa de las cláusulas bancarias abusivas, ascendían a 246 después de haberse resuelto 419 durante 2022 tras registrarse 382 nuevas demandas. Los datos aportados  al respecto por parte del Consejo General del Poder Judicial indican que en el segundo trimestre de este año han ingresado en los Juzgados palentinos un total de 130 demandas por esta índole (63 en el primer trimestre), mientras que los jueces han resuelto 57 (105 entre enero y marzo), por lo que a fecha de 30 de junio quedaban 275 demandas relativas a las cláusulas suelo en situación de trámite, 73 más que a finales del trimestre anterior.

Por último, como se ha comentado ya en varias ocasiones, desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. 

Los datos del CGPJ indican que se tramitaron durante el pasado año dos procedimientos frente a los mismos registrados durante el año anterior, quedando pendiente uno por resolver. Al hilo, en el primer trimestre del presente año se han registrado dos iniciativas judiciales al respecto, resolviéndose una, por lo que sigue en trámite otra.