La Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha concluido que la Junta tiene la competencia sobre las aportaciones económicas concedidas a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla). En una sentencia de 3 de noviembre de 2023, la citada Sala ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
La Consejería de la Presidencia explicó, a través de un comunicado de prensa, que para alcanzar esta conclusión la Sala de lo Social considera que el acto administrativo de financiación del Serla «no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria». La Consejería de Industria, Comercio y Empleo concedió a la Fundación del Serla una subvención de 400.000 euros sujeta a «determinadas condiciones y requisitos» y los sindicatos CCOO y UGT interpusieron una demanda a través de la que solicitaron la anulación por entender que la aportación concedida era «insuficiente».
No se hizo esperar la reacción de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y su secretario general, Alberto Díaz, reclamó a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo que, «de una vez por todas abandonen las contiendas» y «se pongan a trabajar para los ciudadanos y los empresarios».
Tras una resolución que «da la razón al consejero Veganzones» en el litigio abierto, Díaz recomendó a los sindicatos y al propio Ministerio que «se alineen con la administración eficaz del gobierno de Castilla y de León para sacar adelante políticas en favor del empleo».
Contencioso-Administrativo
Por su parte, UGT y CCOO, los dos sindicatos firmantes de la denuncia, defendieron que la sentencia del TSJ no entra en el fondo de la demanda y remite el caso al orden contencioso-administrativo.Las organizaciones sindicales inciden en que la Sala de lo Social sólo declara la incompetencia de la jurisdicción social sobre su demanda por la rebaja de fondos para el servicio, ya que considera que la naturaleza jurídica del Serla es competencia del orden contencioso-administrativo, según informa la Agencia Ical. Así, remarcan que esta decisión del tribunal tiene como consecuencia que «tendremos que seguir esperando durante al menos dos años, una sentencia que determine si la Junta actuó de manera ilegal en relación al Serla». De esta manera, ambos sindicatos lamentaron que «continúa la incertidumbre en lo referente a la resolución de conflictos laborales».