Los grupos Popular y de Vox elevan a rango de ley la Concordia, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de "honrar y proteger" a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978. 

Después de registrar la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, los portavoces de PP y Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, explicaron en rueda de prensa el contenido de un texto con el que se cumple un apartado del acuerdo de gobierno firmado hace dos años por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que esperan que esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio.

De la Hoz defendió que se haya decidido que sean las Cortes quienes aprueben la norma, cuando estaba en el ámbito de la Junta que en junio de 2022 comunicó que se iniciaba su tramitación, para fortalecer las medidas a través de una ley y porque "tiene más sentido" en relación con el contenido del acuerdo suscrito entre ambos partidos. 

En cuanto a que se delimite el periodo entre 1931 (Segunda República) y 1978 (aprobación de la Constitución), el popular precisó que no se equipara a las víctimas de ambos regímenes, sino que se rechaza cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de "quien, cuando y donde".

Carlos Menéndez sostuvo que las nuevas generaciones han recibido "en muchas ocasiones una visión sesgada de la historia" a unos "enfrentamientos que puso fin" la Constitución, aseguró que el texto presentado es "bueno", "sin ideologías, no divide y respeta con el mismo tratamiento a todas las víctimas" de ese periodo, ya que también se modifica la ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León de 2017 que contarán con un plan estratégico.