Este jueves se ha aprobado la nueva Ley de Vivienda que, según el Gobierno, mejora sustancialmente las medidas actuales que influyen sobre el mercado inmobiliario nacional. Entre las novedades, los propietarios van a tener que hacerse cargo de la tradicional comisión que percibe la inmobiliaria y no el inquilino como era hasta ahora; la renta no se podrá pagar en efectivo, y será considerado gran tenedor el dueño de cinco o más inmuebles y no a partir de diez como sucedía hasta la nueva ley. También se limita el incremento del alquiler al 2% durante este año y al 3% en 2024, mientras que en 2025 se sustituirá el IPC como valor de referencia por un nuevo índice más bajo y estable. Se regularán los alquileres por temporada para evitar sortear la nueva normativa legal.
Habrá igualmente nuevas ventajas fiscales para los propietarios que alquilen, penalizando a los que posean más de cuatro viviendas y las mantengan vacías y, del mismo modo, se arbitra un tratamiento especial para las nuevas viviendas que se arrienden en las llamadas zonas tensionadas.
Estas son, en términos generales, las principales nuevas disposiciones, que ya han puesto en alerta a los propietarios de inmuebles. Pero la alarma no viene motivada por lo anterior, a pesar de las distintas opiniones que causa la ley, sino que el origen de esta honda preocupación la suscitan claramente los procesos de desahucio. En esta materia, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminadas. También, se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento a más de dos años y a las personas vulnerables se les podrá establecer un proceso de conciliación extrajudicial.
Entienden los expertos del sector que este apartado de la nueva ley va a aumentar más la picaresca y, en consecuencia, ocasionará el incremento de la ocupación ilegal por parte de los usurpadores de viviendas y de las mafias que los propician.
Está más que demostrado que, por regla general, el excesivo intervencionismo en el mercado produce el efecto contrario al deseado y, posiblemente, esta nueva norma va a constreñir el mercado y, con toda probabilidad, va a reducir la oferta de vivienda en alquiler por simple miedo y precaución del propietario.
La controversia en una materia tan sensible como es el derecho a una vivienda digna está servida. Y todo en vísperas de una nueva convocatoria electoral que, como es sabido, marca mucho los tiempos de leyes importantes y de las promesas grandilocuentes, como fue hace días el anuncio por parte de Pedro Sánchez de 50.000 viviendas de la Sareb que, supuestamente, van a ponerse a disposición de los ciudadanos y el de otras 43.000 que se habilitarán a tal efecto. A lo que, por cierto, se suma el anuncio de otras 20.000 viviendas públicas que se construirán con esta finalidad. Lo triste es que todo sea de cuatro en cuatro años y, en demasiados casos, sin cumplirse ni la mitad de lo previsto.