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Los letrados de Justicia seguirán de huelga

ALBERTO ABASCAL
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La huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de Justicia desde el pasado 24 de enero supone ya un saldo inmovilizado de más de cuatro millones y medio de euros (4.600.000 euros)

Imagen de la concentración llevada a cabo hoy ante el palacio de Justicia. - Foto: ÓSCAR NAVARRO

Los Letrados de la Administración de Justicia, en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, no tienen intención de desconvocar esta paralización hasta que exista un acuerdo con el Ministerio que recoja sus reivindicaciones en materia salarial y éste se publique en el Boletín Oficial del Estado. Así lo han manifestado en su última concentración ante la Audiencia Provincial de Palencia, donde han asegurado además, que cada semana de paro supone un retraso en la justicia de dos meses, lo que significaría que en las cinco semanas de huelga que ya han transcurrido, estamos acumulando 10 meses de retraso en todo lo que tiene que ver con demandas, juicios, escritos sin tramitar, conciliaciones, declaraciones, subastas o comparecencias.

La huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de Justicia desde el pasado 24 de enero supone ya un saldo inmovilizado de más de cuatro millones y medio de euros (4.600.000 euros) hasta ayer martes, según informaron a este periódico fuentes del colectivo convocante de las movilizaciones en Palencia. Las organizaciones convocantes indicaron que ese saldo es el dinero de la cuenta de depósitos y consignaciones sin entregar a sus beneficiarios para pagar deudas, pensiones de alimentos, multas o indemnizaciones. La protesta que llevan a cabo los antiguos secretarios judiciales ha obligado a suspender además en las sedes palentinas, desde el 24 de enero hasta ayer 150 actuaciones entre juicios, comparecencias, subastas o declaraciones; más de 400 demandas sin admitir y se han dejado de registrar un total de  3.000 escritos. El conflicto tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas a los letrados en sucesivas reformas. Según estos funcionarios, esto ha provocado un «insoportable desequilibrio laboral».