El pasado año ha concluido con un significativo crecimiento de empleo, a pesar de movernos en una elevada inflación y en un escenario de gran agitación política nacional e internacional.
La Comunidad de Castilla y León finaliza el ejercicio con 9.376 parados menos que el año anterior, lo que a simple vista constituye todo un éxito. Pero si profundizamos en el análisis de los datos, llama la atención que las tres cuartas partes de los nuevos puestos de trabajo creados se hayan generado en el primer semestre del año y que justo, a partir de ahí, asistamos a un frenazo en el empleo, síntoma claro del inicio de la ralentización económica. Circunstancia que se aprecia en la eurozona, al encadenar ya más de 12 meses de estancamiento, y que también comienza a visualizarse en España, con la paulatina ralentización del empleo en el segundo semestre de 2023. Además, en nuestro país sufrimos el atenuante de que las contrataciones son muy precarias, lo que incide directamente en el aumento de la brecha entre salarios y coste de la vida. Y para mayor desesperación, tampoco podemos obviar que España sigue a la cabeza en paro juvenil, lo que dificulta el acceso a una vivienda y la lógica formación de nuevos núcleos familiares.
Mientras tanto, la clase dirigente parece caminar en dirección contraria, más preocupada y ocupada en sus cuitas de partido y en consolidar su estatus público que en mirar por el bien común de los administrados. La prueba del nueve lo certifica el crecimiento de los tributos en 2023 y, lo que es peor, los recientes anuncios del Gobierno que amenazan con hacer de 2024 un año aún más agobiante para el ciudadano, con una presión fiscal más cerca del 39% del PIB. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez prevé un ingreso extra de 6.500 millones gracias a las nuevas medidas con retoques en IRPF, Impuesto de Sociedades, Seguridad Social e Impuestos Especiales y la vuelta progresiva al IVA en gas y electricidad. Todo ello supone un aumento de la presión fiscal sobre empresas, autónomos y contribuyentes en general que permitirá a su vez la habitual práctica de funambulismo sobre la resbaladiza cuerda del endeudamiento público, cada vez más acusado y que pone en serio peligro el sistema de pensiones y la cobertura del gasto sanitario, social y educativo, o sea, los pilares del estado de bienestar conseguido entre todos.
Y todo porque, como decía el desaparecido economista Gay de Liébana, en España se registran ineficacias presupuestarias que podrían resolverse «si somos capaces de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que consume cerca de 25.000 millones de euros al año».
A la vista está que no siempre llueve a gusto de todos y que la brecha social entre ricos y pobres se agranda cada año. O, dicho de otra manera, que el cinturón no aprieta por igual a la población representada (y sacrificada) que a quienes ejercen su representación desde la atalaya pública (y agradecida).