La Junta de Castilla y León se comprometió ayer, a través de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, a mejorar las condiciones para las familias de acogida de cara a fomentar el acogimiento de los menores tutelados de la comunidad. Un compromiso que, según Blanco, se hará a través del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, que recoge un procedimiento de acogida más garantista y que protege los derechos tanto de las familias como de los menores durante el proceso.
Además, la futura norma incluye cuantos recursos y apoyos técnicos, jurídicos, sociales y económicos ha de precisar la familia acogedora en función de las necesidades del menor. También se establecerán ayudas, se ampliarán coberturas y los supuestos para acoger. El texto contempla, además, mejoras en las ayudas destinadas a acoger mujeres menores de edad embarazadas o con hijos o a aquellos que se encuentren preparando la transición a la vida adulta.
Blanco destacó además la extensión de las compensaciones en el acogimiento especializado de menores con necesidades especiales ya que, a día de hoy, se cubren los gastos de alojamiento y manutención. Además, se reconoce una nueva modalidad de estancia temporal con compensaciones y durante el curso escolar, y se sufraga lo relativo a las medidas acordadas en relación con la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
«Queremos simplificar los trámites, que se refuerce el acompañamiento psicológico y jurídico, así como facilitar la posibilidad de que las familias pasen del acogimiento a la adopción definitiva porque es algo muy demandado. Es muy fácil acoger a un bebé pero todo se complica cuando se trata de un grupo de hermanos, de menores con algún tipo de discapacidad o incluso madres adolescentes con sus hijos recién nacidos. Es ahí donde tenemos que incidir y trabajar. Necesitamos familias para todos ellos y desde la Junta nos comprometemos a orientarles y ayudarles. Sabemos que es difícil pero les puede cambiar la vida», aseguró Blanco durante su visita a dos centros de menores tutelados por la Junta y que gestiona Mensajeros de la Paz en Palencia. Uno de ellos, es para menores de 14 años en situación de desprotección mientras que en el otro residen menores de entre 14 y 17 años, prorrogables hasta los 21. No obstante, la consejera insistió en que la prioridad del ejecutivo autonómico es «proporcionarles una familia».
MENSAJEROS POR LA PAZ. Asimismo, Blanco elogió la labor de Mensajeros de la Paz, con quien el Gobierno autonómico trabaja de manera estrecha, ya que en sus instalaciones, niños y adolescentes viven en un entorno lo más parecido a un hogar familiar y la atención que reciben es completamente personalizada. «Nosotros estamos preparados los 24 horas del día para recibir a un menor en una situación de desprotección. Estamos listos para dar una respuesta inmediata y perfecta. Lo más bonito es el trabajo en red. Esto es como un barco que entre todos vamos tirando para que llegue buen puerto», declaró Mayte Gómez, directora del hogar de acogida de Mensajeros de la Paz.
La Junta de Castilla y León cuenta con una extensa red de centros de acogida para menores (863 plazas) que, por diversas circunstancias, deben estar bajo tutela de la Administración autonómica. Sin embargo, que vivan en el entorno familiar es el contexto más adecuado para afrontar su desarrollo vital. La primera opción para el Ejecutivo autonómico es, siempre en función de las circunstancias, trabajar con la propia familia biológica para reconducir la situación y procurar no apartarla del menor. Sin embargo, si esta opción no es viable, la alternativa es buscar un hogar particular de acogida, ya que la prioridad es que los menores estén con familias.
Las opciones son bien que los niños estén junto a otros familiares que puedan hacerse cargo o con personas que, de manera voluntaria y desinteresada, se prestan para ayudar a estos menores. En la actualidad, en Castilla y León hay 525 familias acogiendo a niños y adolescentes: 225 familias ajenas a los menores y 300 de su entorno familiar. En lo que va de año, 391 menores han sido acogidos por sus allegados y 364 por otros núcleos familiares dispuestos a atenderlos. Se trata de ofrecer un entorno familiar a los menores protegidos por la Junta de Castilla y León mientras se resuelve su situación de manera definitiva.
Los hogares y centros de acogida siempre son «la última opción para los menores aunque siempre deben estar disponibles, sobre todo, para una pormenorizada e integral atención de los niños y adolescentes, especialmente en los casos de desamparo o riesgo».
Asimismo, cabe recordar que el pasado mes de marzo, entraron en vigor los conciertos para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales con menores con expediente de protección. En esta orden, aprobada a finales de 2023, se recoge todo el proceso: sensibilización y captación de familias, valoración, búsqueda, selección, seguimiento, apoyo y acompañamiento y un servicio de formación para el acogimiento.