Este año ha comenzado políticamente con mucha actividad, no es de extrañar. Tenemos en el horizonte varios procesos electorales en los que veremos, una vez más, en escena un despliegue de propuestas de todo tipo que nos afectarán en nuestro día a día de los próximos años.

No todo vale, pero en el día a día de la política cuenta mucho qué medidas nos afectan, el rigor con el que se presentan y aprueban y su impacto en nuestras vidas.  

Corren tiempos difíciles; la actualidad circula a una velocidad de crucero; la sociedad de la información hace que lo que hoy es una noticia de gran impacto se haya olvidado en tres días porque se da paso a una nueva. No es de extrañar; en los últimos tres años hemos vivido una pandemia con unas consecuencias sanitarias, económicas y sociales incomparables con ninguna crisis previa. Hemos presenciado la violencia de la naturaleza con diversas tarjetas de presentación: temporales, inundaciones, sequías y hasta la erupción de un volcán que castigó con una enorme virulencia la isla de La Palma y a sus habitantes. Por si fuera poco, España, al igual que el resto de nuestro planeta, se ha enfrentado a las consecuencias de una guerra en nuestro continente que está poniendo de manifiesto los efectos de una economía globalizada, interdependiente y sobre todo energéticamente vulnerable. Nadie se escapa y a todos y todas nos afectan sus consecuencias. 

Las luces de esta acumulación de acontecimientos es que contamos con un gobierno de la gente y para la gente, que se ha preocupado de introducir medidas políticas en todos los ámbitos que nos afectan para mejorar nuestras condiciones de vida: ERTES, subida del SMI, vacunación COVID universal y gratuita, legislación para adaptar el teletrabajo, ayudas a empresas afectadas, creación del Ingreso Mínimo Vital, bono térmico, ayudas para los afectados por el volcán, etc.

Y ahora, más recientemente se han ido aprobando nuevas medidas para ayudar a todas las personas a combatir mejor las consecuencias derivadas de una guerra cruel a la que Putin ha llevado a Ucrania y está poniendo patas arriba a la sociedad y a la economía occidental. Acometer medidas sociales no es una obligación, es una vocación política de este gobierno de coalición, que desde su inicio de andadura colocó entre sus prioridades NO DEJAR A NADIE ATRÁS. 

No es casual que este gobierno haya optado por una fiscalidad justa  para lograr más recursos destinados a las personas que más lo necesitan. Todos los recursos obtenidos de grabar a las rentas más altas para destinarlos a medidas sociales es una decisión política. Otros países han optado por vías contrarias y penalizar a clases medias o simplemente no tomar medidas sociales, o la libertad y el liberalismo de muchos gobiernos de la derecha, que dejan en la estacada a quien lo necesita, abandonan los servicios públicos, y ¡que sobreviva quien pueda!

Por el contrario es una luz que este año haya comenzado con el primer consejo de ministros extendiendo las medidas de gratuidad y descuentos en el transporte, la bonificación en el combustible, el tope al alquiler, el bono cultural, las múltiples medidas que se han ido adoptando para rebajar la factura de la luz y del gas, pioneras en España y modelo para la UE. 

Y sí, se han rebajado los alimentos, el IVA a los alimentos de primera necesidad. Con todo ello, se ha logrado que España tenga la menor inflación de toda Europa. No es de recibo que las ayudas que tanto están costando, sean aprovechadas para subir precios y para el enriquecimiento a costa del sufrimiento de otros. 

Pero hay sombras, seguimos con una guerra que parece no tener fin, en la que día a día siguen muriendo personas, en la que se vulneran los derechos humanos y se sufre todo tipo de violaciones. Es el horror de una guerra, en nuestra Europa. 

Sombras también existen en nuestra tierra, nuestros jóvenes se siguen marchando, nuestros pueblos se siguen vaciando y seguimos sin ver ninguna actividad en positivo que el gobierno de coalición del PP con la ultraderecha debiera impulsar.

Sin embargo, lo que vivimos son  retrocesos día a día en sanidad, complicaciones y dificultades en nuestros centros educativos para la aplicación de la nueva ley educativa, falta de dinamismo en la gestión de los fondos europeos, etc.

Enormes sombras por las ocurrencias tan desatinadas del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, con la permisividad del presidente Mañueco, que nos sitúan en el liderazgo de la vergüenza nacional un día tras otro. Pero lo que es inconcebible es el ataque a los derechos y libertades de las mujeres, la tropelía que se intenta acometer por el Gobierno de Castilla y León; es un retroceso brutal sin amparo legal que nos asemeja a la Hungría radical de Órban, rechazada y cuestionada por la UE.

No todo vale en política. Quien se arrima y pacta con la ultraderecha no lo hace de manera inocente, hay pactos que salen muy caros, salen caros a la ciudadanía, pero ahora sobre todo a las castellanas y leonesas. Esto es un suma y sigue que comenzó hace apenas un año, al que Mañueco y el PP deben poner un punto final.

Castilla y León no merece ser el referente nacional en la pérdida de derechos y libertades, no merece ser la vergüenza nacional por las palabras de su vicepresidente y el consentimiento de Mañueco. No merece sufrir una sombra permanente.