La Diputación destina a los servicios sociales un tercio de su presupuesto anual (27.461.636 de los 88.415.895 totales en este 2023), y eso tiene su repercusión directa en las prestaciones que se ponen a disposición de los vecinos del medio rural. Entre estas juegan un papel clave los once Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por el territorio, en los que trabajan 84 profesionales y a los que la institución provincial destina específicamente 1,8 millones para atender a una población de 83.166 habitantes.
Mejorar las condiciones en las que se presta el servicio a los ciudadanos es una de las prioridades de la administración, de ahí que ayer se renovaran los convenios con los ayuntamientos sedes de estas instalaciones a las que la presidenta, Ángeles Armisén, definió como la «primera puerta de acceso» a los servicios sociales en el medio rural. En concreto, los CEAS se ubican en Aguilar de Campoo, Astudillo, Baltanás, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Guardo, Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, Saldaña, Venta de Baños y Villarramiel, amén de la Mancomunidad del Cerrato (Villamuriel).
«Creemos en el principio de solidaridad en la prestación de estos servicios y articulamos un convenio de colaboración para sufragar el cien por cien de los gastos», explicó Armisén. Una apuesta que se suma a la mejora de las infraestructuras que los albergan «en colaboración con los ayuntamientos», señaló la presidenta, que puso como ejemplo a Guardo o Saldaña, municipio este último para el que hay un nuevo proyecto en ciernes.
TRIPLE COMPROMISO
La Diputación establece un compromiso en tres frentes: la coordinación de los CEAS, la reducción de costes del mantenimiento y «la mejora de las condiciones laborales». Los equipos están compuestos por trabajadores sociales y animadores comunitarios, que ofrecen información, orientación y tramitación de recursos y solicitudes de prestaciones. Además, elaboran programas y apoyan a otros equipos especializados en materias como infancia, inclusión social o atención a la dependencia.
Actuaciones que Armisén calificó como «pilares principales de la labor de las administraciones en favor de las personas, en especial de las más vulnerables».