El instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí al considerar que no ha justificado con una causa legítima que no compareciera ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado 24 de abril para que se le comunicara su procesamiento por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La defensa de Ponsatí alegó "el hecho notorio" de que las comisiones de Industria, Investigación y Energía y la de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, a las que pertenece, tenían sesiones convocadas para ese 24 de abril en Bruselas, algo "incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas".

Tanto Fiscalía como Abogacía del Estado pidieron a Llarena que volviera a citar a Ponsatí. El Ministerio Público incluso propuso reclamar a la ex consejera que comunicara al Supremo su calendario de trabajo en la Eurocámara para las próximas semanas a fin de "compatibilizar" ambas cosas.

Imagen de archivo de la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí. - Foto: EFESin embargo, Llarena considera que "ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial", por lo que ha optado por ordenar que se la detenga si vuelve a pisar suelo español para que sea llevada ante el Supremo, se le pueda comunicar su procesamiento y seguir adelante con la causa.

El magistrado del TS apunta, no obstante, a la posibilidad de dejar sin efecto la orden de detención si Ponsatí comparece voluntaria y personalmente, como ocurrió con otras dos procesadas en esta causa, Meritxel Serret y Anna Gabriel.

Pudo haber comparecido

El instructor del 'procés' entiende que, aunque ese 24 de abril tenía trabajo en la Eurocámara, la cita en el Supremo era a las 11.00 y dichas comisiones estaban previstas en horas de la tarde, "sin que se haya justificado la imposibilidad temporal de atender ambos deberes, razonablemente compatibles mediante la petición de videoconferencia o incluso sirviéndose de los rápidos medios de transporte que unen ambas capitales".

Señala, además, que teniendo en cuenta la programación anticipada de su actividad parlamentaria y la antelación de la citación judicial, "la defensa tuvo un amplio margen para advertir a este instructor de las dificultades de la investigada para atender sus responsabilidades políticas y solicitar el reajuste en la citación que considerara preciso".

"Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad al 24 de abril", indica.

Con todo, Llarena cree, "a la vista de la rebeldía que ha mantenido la investigada durante cinco años de instrucción, que las funciones parlamentarias no son, sino, la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales".

En este sentido, el magistrado del alto tribunal recuerda declaraciones a la prensa en las que la eurodiputada "se jactó de no tener ninguna intención de atender la citación judicial".