La nueva Ley de Vivienda recientemente aprobada por el Gobierno de España ha despertado molestias en el seno del Ejecutivo autonómico de Castilla y León, que denuncia la «nula información» recibida por las comunidades durante la tramitación y elaboración de la norma. Hecho ante el que la Junta remitió ayer una carta a la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para exigirle una reunión «urgente» con los responsables de todas las regiones para tratar el recién aprobado proyecto de vivienda, «máxime siendo una materia en la que, junto a su indudable trascendencia social, concurre la circunstancia, no menor, de que es de exclusiva competencia autonómica». Una reunión que Castilla y León reclama que cuente con este único punto en el orden del día para recibir información «de un modo completo y exhaustivo» sobre el proyecto que pretende regular el marcado inmobiliario.
La reclamación, presentada a través de una misiva firmada por el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también avisa de que el Ejecutivo regional tiene constancia de que otras comunidades se han sumado a la demanda de información y se han dirigido al Gobierno central para reclamar la celebración urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, entre ellas la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Región de Murcia, según informa la Agencia Ical.
Un paso más allá fueron ayer desde Vox, cuyo portavoz político y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, avanzó que la nueva normativa de vivienda aprobada por el Gobierno central no se aplicará en Castilla y León. Una decisión que ya anunciaron otras comunidades como Madrid, cuya presidenta explicó que no se utilizará donde no sea obligatorio. Extremo que, por el momento, no ha sido verbalizado por ningún miembro de la Junta de Castilla y León, ni desde el lado del PP ni del de Vox.
«Cómo vamos a favorecer algo que es malo para los españoles. Nos opondremos, por supuesto, y utilizaremos los instrumentos políticos y jurídicos para proveer a las necesidades de vivienda de los ciudadanos en Castilla y León», aseguró después de desdeñar igualmente el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en alquiler asequible 50.000 viviendas de la Sareb. Medida que calificó de «trampa» y de «patada para adelante» al estar las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina.
Junta incapaz
Visión radicalmente opuesta presentan desde el PSOE regional, cuyo líder Luis Tudanca, contrapuso las leyes del Gobierno que garantizan derechos y facilitan el acceso a la vivienda, además de recursos económicos que ayudan a la emancipación de los jóvenes, frente a la «incapacidad» de la Junta para dar soluciones a los castellanos y leoneses en materia de vivienda, sanidad pública, educación y empleo. «Es sorprendente que en una tierra que no tiene gente y los jóvenes se van por falta de oportunidades, hay un grave problema de vivienda y emancipación. Nos sobra sitio, pero la Junta, que es la administración competente, no ha hecho una política de vivienda adecuada», aseveró Tudanca durante un acto en Valladolid. De ahí que considerara como una «buena» noticia que el país vaya a contar con una nueva ley que, por primera vez en la historia, protegerá el derecho a una vivienda «digna» para los castellanos y leoneses. Además, recordó que muchas de las medidas aprobadas han sido demandadas por el PSOE en las Cortes.