Nunca había ocurrido: las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las cercanas al PSOE, han suscrito un comunicado en el que se considera que el acuerdo con Junts echa abajo el Estado de derecho. Lo han hecho sin conocer el texto de la ley de amnistía que preparan ambos partidos, pero se augura que se moverá en la misma tónica que el pacto del pasado jueves, que ha creado una alarma generalizada. 

Como la ha provocado la noticia de que en dos años se transferirá al Gobierno vasco la gestión de la Seguridad Social, una exigencia del PNV desde hace décadas. Nueva decepción, similar a la que se vivió cuando se conoció el acuerdo con los independentistas: no es el PSOE el que impone sus reglas, sino que Pedro Sánchez se ha entregado con armas y bagajes al chantaje al que le someten Junts y ERC desde que el 23-J la suma del PP y Vox no fue suficiente para gobernar y se abría la puerta para que Sánchez se mantuviera Moncloa. Con socios que consideran indeseables la mayoría de los votantes socialistas no adscritos a lo que se ha convertido en una acepción política, el sanchismo. Un sanchismo que ha convertido a España en un país en situación de derribo, con un presidente que primero ocupó con afines las instituciones del Estado cuando advirtió que perdía peso electoral, después pretendió imponer su mayoría en el CGPJ y no lo logró porque le plantó cara el PP, al que considera responsable de la no renovación del órgano y, tercero, promovió un partido en torno a Yolanda Díaz, que utiliza las artes más ridículas para sumar siglas. 

Los acuerdos de Sánchez tienen consecuencias inmediatas, y no son buenas. La primera, para humillación de los españoles, que el pacto no se ha podido firmar en el país porque Puigdemont es prófugo de la Justicia, y lo han rubricado en Bruselas un alto cargo de su partido y otro del Gobierno. Insólito. Pero más grave es que esa humillación de los españoles viene dada porque, desde el momento de la firma de la vergüenza, dejamos de ser un país de primera en la UE. Pertenecemos a los proscritos, países que no respetan el Estado de derecho, sus Gobiernos manipulan los órganos judiciales y han sido llamados a capítulo. 

Iguales que Hungría

Capitanea ese grupo Hungría, acompañada de Polonia, hasta que se celebraron las últimas elecciones, porque se ha abierto la posibilidad de que el nuevo primer ministro sea Donald Tusk, un dirigente profundamente demócrata y europeísta. Si se concreta su elección, el presidente español formará parte del club de disidentes junto a Orban, el más desprestigiado de los líderes. Con lo que eso conlleva: menos influencia para negociar en Bruselas, empezando por los fondos europeos que, si no recibimos, la economía española difícilmente sobrevivirá. Por no mencionar que no se cumplirán las promesas del socialista en las que se le fue la mano con subvenciones a los sectores menos favorecidos porque interesaban sus votos.

No es la economía lo más grave para los españoles. La Justicia será la piedra de toque de un Ejecutivo en el que no mandará Sánchez sino un prófugo de la Justicia. En el documento se recoge que se tomarán medidas para que no se produzca lo que define como lowfare, que se traduce por «judicialización de la política», término que, en su sentido más amplio significa que a los jueces no se les permitirá entrar en determinados asuntos protagonizados por personajes políticos. Es más, se recoge la creación de comisiones parlamentarias que decidirán sobre cuestiones judiciales, lo que significa que serán los parlamentarios los que tomen decisiones que forman parte del trabajo de jueces y fiscales. 

Ha sido empeño de Puigdemont incluir esa cláusula, porque tiene un par de colaboradores -su propio abogado o Laura Borràs- que han sido condenados por delitos comunes y a los que el fugado no solo va a incluir en la amnistía sino que sus delitos serán considerados producto de la judicialización de la política.

Otro de los efectos del pacto del PSOE con partidos que apoyarán incondicionalmente a Sánchez es que han logrado representación en los organismos que determinan el calendario parlamentario, la creación o no de comisiones parlamentarias y quiénes las componen. 

No se respeta la representación de las mayorías, y por primera vez la Mesa no la preside el partido que ganó las elecciones. El apoyo de los independentistas a Francina Armengol para liderar el Congreso es clave para los objetivos de Sánchez de mantenerse en Moncloa a pesar de su situación de precariedad. Armengol marcará fechas, cursará iniciativas del Gobierno y de la oposición, y dará carácter de urgencia y permitirá comisiones de investigación ... a conveniencia del Ejecutivo. No andan desencaminados los que acusan a Sánchez y sus socios de romper con el Estado de derecho. 

Uno de ellos ha sido Felipe González, cuyo discurso del miércoles tuvo una repercusión menor al coincidir con la publicación del pacto. Acuerdo que estaba previsto que se conociera el viernes. Quizá tuvo algo que ver el mensaje del expresidente socialista, demoledor sobre la deriva que imponen desde Moncloa.

Se han hecho realidad los peores pronósticos y la situación de España entra en un ámbito en el que no se advierte, a priori, la posibilidad de que se anulen algunos de los artículos y pactos firmados por el Gobierno, que defienden un modelo muy alejado de los principios de la Constitución, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. 

En el «asalto» a las instituciones se incluye la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente del TC y aunque le indigna que se cuestione su profesionalidad como magistrado, existen motivos de duda entre algunos de sus compañeros, convencidos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, cuyo texto definitivo se conocerá la semana próxima. Hay polémica en el círculo de Conde Pumpido hay quien piensa que se moverá para conseguir que el TC no se pronuncie por una inconstitucionalidad demoledora para el líder del PSOE. 

Llegan días complicados para el socialismo auténtico, no el de Sánchez, que se siente seguro porque ni se plantea debatir con sus socios sobre aspectos discordantes de los acuerdos. Acepta todo lo que ponen. 

Hoy por hoy, no se ven signos de que el jefe del Ejecutivo pueda encontrarse con sorpresas desagradables, por ejemplo que en la investidura haya ausencias injustificadas o que algunos diputados de grupos afines muestren su indignación y decidan no apoyarle. Difícil, pero en política es complicado decir «eso no ocurrirá». Situaciones impensables se cuentan por docenas.