La Consejería de Medio Ambiente de la Junta publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del martes una orden por la que se acuerda poner fin al procedimiento de autorización ambiental iniciado por Biogás Cerrato para construir una planta de producción de biometano a partir de la digestión anaerobia de residuos orgánicos, ubicada en Reinoso de Cerrato, y archivar las actuaciones relativas al mismo. 

Tras una fase de subsanación de la documentación presentada por la empresa, se inició el trámite de información pública con la publicación del anuncio correspondiente en el Bocyl y en el tablón de anuncios municipal el 16 de enero. Con fecha 24 de enero, el Ayuntamiento remitió al respecto el informe técnico de incompatibilidad urbanística de fecha 16 de agosto de 2023, solicitando que se  pusiera fin al procedimiento y se archivaran las actuaciones. Así, el 31 de enero la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental emitió un informe propuesta para poner  fin al procedimiento de autorización ambiental iniciado por la empresa aspirante, publicado ahora en el Bocyl.

Por su parte,  la plataforma ciudadana Stop Biogás, que reunió 400 firmas en oposición al proyecto, recordó ayer que, a pesar de que oficialmente se ha procedido al cierre del procedimiento de autorización ambiental, «queremos recordar que el plazo para presentar alegaciones al proyecto finaliza el 26 de febrero y, quienes aún deseen aprovechar y plantear otras nuevas, tienen la oportunidad de hacerlo».

diez alegaciones. Según precisó, sus alegaciones se fundamentaron en una exhaustiva evaluación técnica y legal del proyecto y buscaron solicitar una resolución negativa del expediente, «dadas las significativas limitaciones identificadas». En su opinión, el documento  refleja «un compromiso colectivo con la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad que reside Reinoso de Cerrato y las alegaciones destacaron preocupaciones clave en áreas como el impacto ambiental, la sostenibilidad, la participación ciudadana y la adecuación técnica del proyecto».

La plataforma contraria a la planta de biometanol presentó diez alegaciones, algunas con varios apartados. La principal se formuló en oposición a la ubicación elegida para la instalación de la planta y se fundamentó en que la elección no se realizó siguiendo un estudio adecuado del territorio. Además, se aludió a una posible violación del principio de participación ciudadana en el proceso de elaboración de la evaluación de impacto ambiental.

En otro punto se expuso que el análisis de alternativas en el proyecto de Reinoso de Cerrato presentaba deficiencias técnicas y legales significativas y que la propuesta de dos ubicaciones próximas entre sí no contaba con un estudio adecuado que avalara su idoneidad. 

En la cuarta alegación, la más amplia con distintos apartados, la plataforma señaló que la valoración del impacto socioeconómico presentada en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la planta de biogás se percibe como insuficiente y sesgada. En la quinta, sobre conectividad ecológica y afectaciones a ZEC y Red Natura 2000 se expuso que la planta supone serios desafíos para la conectividad ecológica, particularmente en lo que respecta a los montes del Cerrato y riberas del Río Pisuerga y afluentes. 

El resto de alegaciones se refirieron a  las limitaciones técnicas de suministros y acometidas; la previsión de las empresas de origen de los residuos y del destino de los digeridos; la preocupación existente en el nivel de las capas freáticas identificadas entre  cinco y ocho metros, en las que se percibió un riesgo evidente de contaminación de las aguas subterráneas por los lixiviados del proceso; la negligencia significativa hacia las necesidades de una población compuesta mayoritariamente por personas de edad avanzada, un grupo demográfico caracterizado por su limitado acceso a internet y conocimientos técnicos industriales; las deficiencias técnicas; y la falta de rigurosidad en el diseño y funcionamiento de la planta de biometanización