El Tribunal Constitucional (TC) afronta el arranque del curso con la incógnita de si se materializará finalmente su renovación parcial -pendiente desde junio- y con asuntos de gran calado político sobre su mesa de deliberaciones, como el recurso contra la ley del aborto y la ley de eutanasia, que cobran gran relevancia en un momento que ya se considera preelectoral.

Precisamente ese cálculo político puede afectar al normal funcionamiento del tribunal de garantías constitucionales porque de su renovación depende que el equilibrio actual entre el sector conservador y el progresista varíe.

Dado que en junio no se produjo la salida de cuatro de los magistrados que cumplían ya nueve años en este organismo, entre los que se cuentan el actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, el Gobierno decidió moverse para propiciar esa salida, y el Grupo Socialista presentó una proposición de ley que impulsaba una reforma legal exprés.

Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) posibilita desbloquear la renovación devolviendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos a la corte de garantías.

Ese mismo mes, un CGPJ en pleno extraordinario acordó por 10 votos frente a siete solicitar al Congreso que pidiera un informe al propio órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma. Sin embargo, optó por modificar la idea inicial y renunció a dirigirse directamente a la Comisión Europea para informar sobre la misma.

Se da la circunstancia de que la Constitución Española recoge en su artículo 159.3 que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Esto, a priori, obligaría a que los dos candidatos del Gobierno y los dos del Consejo entraran al pleno del TC a la vez.

Este extremo puede ocasionar fricciones porque fuentes jurídicas sostienen que en ningún caso se pueden desligar los candidatos del Ejecutivo y del CGPJ, mientras que otras explican que sí es posible que salgan adelante los nombres propuestos por el Gobierno central aun en el caso de que esta institución no aporte sus nombres.

Con todo, el Ejecutivo de coalición ha puesto un tope al órgano de gobierno de los jueces -mediante enmienda-, de tal manera que tiene «un plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior». Y puesto que ese mandato finalizó el pasado 12 de junio, el plazo máximo fijado vencería el próximo martes.

Recurso contra la ley del aborto

Mientras la renovación se materializa, el tribunal debe resolver en este nuevo curso asuntos relevantes que llevan tiempo sobre su mesa, como el recurso presentado por diputados del PP en 2010 contra la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Se da la circunstancia de que el asunto ha recaído sobre uno de los magistrados que entró en la última tanda, Enrique Arnaldo, ya que heredó la cartera de ponencias pendientes del magistrado saliente Andrés Ollero.

Recurso contra la ley de la eutanasia

También debe pronunciarse el tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

Ese asunto en cuestión ha recaído en el magistrado Cándido Conde-Pumpido, quien suena como nuevo presidente del TC tras la salida de González-Trevijano. El PP alega que la ley de eutanasia vulnera varios preceptos de la Carta Magna, entre los que menciona el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona.

Los populares sostienen en su recurso, además, que la normativa vigente vulnera también el artículo 14 de la Carta Magna, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley, y el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos, estableciendo que los poderes público tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.

A ese recurso se sumó el de los diputados de Vox, que calificaron la norma de «una derrota de la civilización». De hecho, el presidente del bloque, Santiago Abascal, calificó de «inmoral» que el Estado garantizara la muerte «cuando no está garantizando los cuidados paliativos» a las personas que están al final de sus vidas o están sufriendo.

Recurso contra la Ley Celaá

A estos dos asuntos, el TC suma otro de gran calado político como es la nueva Ley educativa, la Lomloe, también conocida como Ley Celaá, la ministra que impulsó la reforma. El tribunal de garantías debe resolver en este caso sobre los dos recursos presentados por diputados de Vox y PP.

Los populares presentaron su recurso, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), el pasado 29 de marzo, y el entonces presidente del PP, Pablo Casado, calificó la norma como «un atentado contra la libertad» y contra la calidad del sistema y la unidad del mismo.

En el partido conservador creen que la norma impide la libertad de elección del centro educativo para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad. Además, consideran que «ataca al castellano como lengua vehicular en toda España», criticando que permita «pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluyendo las troncales».

Recurso de amparo de Alberto Rodríguez

Por otro lado, el TC deberá resolver sobre los dos recursos de amparo presentados por la defensa del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la condena del Supremo y contra la pérdida del escaño. El pleno cuenta para decidir con los informes de Fiscalía, que se ha mostrado a favor de concederle el amparo por la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle en escaño, pero en contra de otorgárselo por la condena que le impuso el Supremo.