Duele leerlo así que sufrirlo será mucho peor: los órganos judiciales recibieron un siete por ciento más de asuntos y solventaron un cuatro por ciento menos durante el segundo trimestre de este año, datos oficiales del Poder Judicial. ¿Causas?: se ha incrementado el número de procedimientos apelotonados durante la pandemia y se han desarrollado dos huelgas, una de ellas amplia y de severa incidencia. Pero aún puede ser peor: el propio Consejo proyecta una caída este año del once por ciento.
Pero a pesar de esas causas, todo esto no tiene un pase: miles y miles de particulares, colectivos, empresas, experimentan perjuicios muy severos y el propio sector sufre en sus carnes el correctivo entre los profesionales, abogados, procuradores y numerosas empresas que operan en él.
José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, durante la inauguración del año judicial, apretó el botón de alarma al advertir que nuestra Comunidad venía cumpliendo los plazos de la respuesta judicial pero que ésto ahora no ocurre porque los «imprescindibles planes de refuerzo» no son atendidos por quienes tienen ésa responsabilidad. Es decir, el Ministerio. Y digo yo. ¿por qué? Pues fácil, porque pueden.
Vamos a ver: este es uno de los grandísimos problemas que afectan a la gente, un estorbo a su desempeño familiar o mercantil, perjuicios en vidas y haciendas creo que de mayor envergadura que: el problema lingüístico euskaldún, las anomalías de las Rodalies de Catalunya y las cuitas de sus próceres, los jaleos de los partidos, las querellas de la dirigencia. A todos nos cabe la responsabilidad de elevar la asfixia judicial a la categoría de problema nacional y que suenen las alarmas para que a partir de esa inquietud empiecen a buscarse las soluciones. La España ineficiente secular e inveterada no puede enseñorearse impunemente de la vida de la gente. Sólo la eficacia de una justicia operativa garantiza que los derechos pasen de los atriles mitineros a los estrados de los tribunales.