Las residencias de mayores y personas con discapacidad de titularidad privada en Castilla y León tendrán hasta 2029 para adaptar la arquitectura de sus centros a la nueva Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración, que se aprobó este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta. El objetivo es que todos los centros se ajusten al nuevo modelo de unidades de convivencia para que las personas mayores residan en espacios acogedores, lo más parecido a un hogar, y reciban atención integral personalizada, respetando siempre sus necesidades y preferencias, con el objetivo de buscar un modelo centrado en la persona.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que los aspectos arquitectónicos que se contemplan en esta ley son de «obligado cumplimiento» desde el día en que entra en vigor para todos los nuevos centros que se proyecten. En cuanto al resto, señaló que tendrán que ir adaptándose a esos requisitos pero en un periodo «más largo». En ese sentido, recordó que el Consejo Territorial de Servicios Sociales estableció que las obras de los centros tendrá un horizonte hasta 2029. Incluso, precisó, según recogió la Agencia Ical, habrá centros en Castilla y León que, por su propia tipología no podrán realizar estas obras. En estos casos, será necesario elaborar un informe de excepcionalidad.

La consejera añadió que la Administración autonómica también ha mejorado las cuantías que reciben los centros por las plazas concertadas. De media, lo que se paga por las plazas concertadas en residencias mayores ha aumentado un 33 por ciento y de centros de discapacidad, en torno al 22 por ciento. También ha aumentado la prestación vinculada que se da a las familias para pagar los servicios residenciales, con una subida del 24 por ciento en los últimos tres años.

Más de 72.000 plazas

La nueva ley, que ahora comenzará su tramitación parlamentaria en las Cortes, afectará a las 72.634 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad. En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente. Esto sitúa a Castilla y León, apuntó Blanco, como la Comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias financiadas públicamente, con 7,8 por ciento, muy por encima de la media nacional (4,1 por ciento). En cuanto a personas con discapacidad, hay 18.034 plazas para su atención distribuidas por 825 centros.

La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia (como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta desde hace años), con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades. De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños (de hasta 16 personas) y en unas instalaciones que emulan su propio hogar.