Cinco millones de euros. Esa es la cantidad a la que asciende el superávit de la Diputación, que ayer dio cuenta del cierre del ejercicio 2023 en el transcurso del pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. Una sesión con marcado carácter económico en el que el equipo de Gobierno desgranó también los fondos líquidos de 52 millones de euros (el dinero que tiene en el banco) y el nivel de deuda, que se sitúa en «mínimos históricos» (en los últimos ocho años, se ha conseguido reducir en 11 millones de euros) con un 14,70 por ciento, muy lejos del máximo legal del 110 por ciento. 

Se tata de unas cifras que para la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda, María José de la Fuente, responden a la «excelente» salud financiera de la institución. «Capacidad, iniciativa, esfuerzo, rigor y excelencia en la gestión de los fondos públicos» fueron algunos de los adjetivos que empleó De la Fuente a la hora de referirse a unas cuentas que, según detalló, «permitirán afrontar con la mejor situación el año 2024». 

Y lo hará, según concretó, «con un buen presupuesto al servicio del apoyo a los ayuntamientos y a las personas que viven en el medio rural, al impulso social y económico de la provincia y al cumplimiento de las metas marcadas por la Agenda Rural de Palencia (ARP)».

Estos «excelentes» datos económicos permitirán que este año 2024 sea, según subrayó, «fuertemente inversor» en cumplimiento del proyecto de presupuesto y de los objetivos de laARP que hacen especial hincapié en la vivienda, el impulso al tejido empresarial y el apoyo a los municipios a través de los planes provinciales, las convocatorias de ayudas para la mejora de los polígonos industriales, para edificios públicos, el arreglo de parques infantiles o para la equipación de centros socio-culturales y para jóvenes así como la amplia y variada programación cultural o deportiva, «que llegará a toda la provincia».

El equipo de Gobierno está a la espera de que el Gobierno dicte instrucciones sobre las reglas financieras para este año (pendientes de aprobarse junto a los Presupuestos Generales del Estado). Y es que, en ejercicios en los que estuvieron vigentes dichas reglas, el superávit tenía como destino la amortización de la deuda o las inversiones financieramente sostenibles.

No obstante, el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, sostuvo que «la Diputación no puede tener 52 millones de euros en el banco mientras se somete a tensiones de Tesorería a los ayuntamientos». En concreto, se refirió a pagos por adelantado del programa Crecemos o los CEAS repartidos por el territorio.

REMANENTE DE TESORERÍA

En cuanto al remanente líquido de tesorería, la cuantía supera los 29,3 millones de euros. Este dinero, procedente del ahorro de la institución, se destina, a través de modificaciones de créditos, a financiar o incrementar inversiones ya previstas o para ejecución de proyectos que puedan surgir a lo largo del año y que no estén recogidos en el presupuesto. 

Esta se ha presentado antes del plazo establecido legalmente, lo que permitirá adelantar, al menos un mes, para este marzo, la incorporación del dinero e iniciar así lo antes posibles las inversiones, gracias al «esfuerzo» realizado por el área económica y, concretamente, de Intervención, destacó la videpresidenta.

Precisamente, el pleno aprobó una modificación de crédito para dotar dos nuevas partidas con destino a la compra de material de Protección Civil (6.000 euros) y convocar una línea de ayudas para ayuntamientos destinadas a rehabilitación de construcción tradicionales y palomares (30.000 euros).

EJECUCIÓN Y PAGO

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se ha ejecutado el 97 por ciento. Por citar un ejemplo, el capítulo 6, que recoge las inversiones, ha tenido una ejecución presupuestaria del 61 por ciento pese a las dificultades para la contratación, lo que supone un 27 por ciento más que el año anterior.

Además, existen otros indicadores que se vieron en el pleno que confirman el «excelente estado de salud financiera» de la Diputación. Se trata del pago medio a proveedores, que se sitúa ligeramente por encima de los 9 días frente a los 30 máximos establecidos por ley. Esto permite a las empresas disponer en plazos de tiempo «muy breves» de su dinero para «poder mantener una actividad fluida». El otro indicador es el de la morosidad, que indica que la administración cumple en 20 días frente a los 60 máximos permitidos.

Finalmente, indicar también en el ámbito económico, que se aprobó la aceptación de delegación de facultades para la recaudación de la junta vecinal de Acera de la Vega. Con ella son ya 219 las entidades que ha atribuido esta facultad a la institución provincial.