La Ley de la Cadena Alimentaria, por la que, sobre el papel, se asegura al productor unos precios de venta que cubran sus costes de producción, ha sido, junto a la normativa sobre seguros agrarios, una de las iniciativas legislativas más importantes en la política agraria desde sus inicios en 2014, y fundamentalmente en los últimos años tras las modificaciones introducidas en el Parlamento para mejorar la eficacia de esta norma. Y de cara a los intereses del campo, se hace más necesario que nunca el cumplimiento de esos objetivos en momentos como los actuales, cuando son muchos los factores que están afectando negativamente a la rentabilidad de las explotaciones.

El sector agrario atraviesa, en primer lugar, un difícil momento debido a los elevados precios de los medios de producción, fundamentalmente los fertilizantes, el gasóleo, la energía, los suministros o la alimentación animal, con unos incrementos medios que desde algunas organizaciones agrarias cifran en más del 30%. En el caso de la ganadería, no se ha notado en los piensos la bajada de los precios de los cereales a los agricultores. Además, para las cabañas extensivas, sobre todo en la mitad sur, las explotaciones se han visto afectadas por la falta de pastos por las escasas lluvias; y en todos los casos se están pagando unos precios muy altos por la paja para diferentes usos, desde la alimentación a las camas de los suelos de las granjas.

En segundo lugar, a estas circunstancias negativas se han sumado los efectos de una reducción de las producciones como consecuencia de la sequía, acompañada, en algunos casos, por caídas de precios debidas a la presión de los mercados exteriores. Los cereales en su conjunto -producciones de invierno y maíz- redujeron su cosecha más del 40%, pasando de 17 a poco más de 10 millones de toneladas, según los datos más optimistas. La misma situación se ha repetido en otros cultivos como la uva de vinificación, donde se prevé una caída desde más de 40 a unos 36 millones de hectolitros; algo parecido ocurre con las cosechas en determinadas producciones de frutas y hortalizas. Y no se puede olvidar al olivar, donde, frente a producciones medias de 1,4 millones de toneladas, esta cosecha, en el en mejor de los casos, podría llegar a unas 800.000 toneladas gracias a las lluvias de última hora y a las que se esperan para este otoño antes de que se inicie la recolección.

Finalmente, el sector agrario viene sufriendo una caída en los precios de venta en origen debida a diferentes factores como la oferta a la baja de algunos mercados exteriores por el aumento de las producciones, la falta de mecanismos de control en frontera o simplemente una importante caída en la demanda.

Esta situación es especialmente grave en los cereales, con mermas en los precios provocadas por la oferta elevada desde otros países y las cotizaciones manejadas por los grandes grupos e intereses que dominan los mercados, aunque en este momento parece se ha parado la caída y existe un repunte de los mismos. Otras producciones agrícolas con precios por debajo de las cifras de la campaña pasada es el girasol, y ello a pesar de que los datos de producción hablan de una tendencia a la baja muy marcada.

En el vino, desde las organizaciones agrarias se denuncia que en la zona de más producción -Castilla-La Mancha-, frente a unos costes de producción medios por encima de los 0,30 euros los precios medios para un kilo de uva de las producciones dominantes con una graduación de unos 12 grados apenas superan los 0,20 euros. Estos bajos precios para la uva en la zona de más producción están ligados en parte a la caída de la demanda interior, pero también podría responder a otras causas cuya solución se hallaría en manos de los viticultores o de los bodegueros, con respuestas en función de los mercados y los gustos de los consumidores. Hoy es un fenómeno a considerar el aumento en la demanda de vinos blancos o rosados con baja graduación frente a los tintos. Desde la eliminación de las destilaciones con dineros comunitarios hace más de una década, al sector productor, al margen de las escasas destilaciones financiadas con fondos nacionales, le tocaría reducir sus elevadas producciones de uva para vino excedentario; y a los bodegueros e industriales adaptar su oferta a los nuevos gustos de los consumidores.

La excepción a estas situaciones de bajas producciones y de bajos precios la constituye el olivar, donde la escasa cosecha se ha compensado con precios récord: más de ocho euros kilo en origen y más de diez euros en destino -para un litro que equivale a poco más de 900 gramos de aceite-.

En este escenario de cosechas bajas, costes elevados y precios en origen en algunas producciones bajos, que según denuncias del sector en muchos casos no llegan a cubrir los costes, parece obvio que debería jugar un papel más efectivo la Ley de la Cadena para cumplir sus objetivos: apoyar que se paguen unas cotizaciones que cubran los gastos frente a la "ley de los mercados" y contradecir de esa manera a quienes señalan desde el campo que la Ley de la Cadena no pasa de ser un canto al sol en las producciones agrícolas y en otras ganaderas como la leche.

Desde el sector, para apoyar su eficacia se demanda, en primer lugar, que desde el Observatorio de la Cadena se actualicen los precios medios de coste para las diferentes producciones y supuestos de situaciones, aunque en todo caso es difícil hablar de unos precios medios dada la diversidad de las explotaciones. Pero, además, en ese mismo objetivo, para una mayor eficacia, se estima que serían necesarios más medios económicos y personales para llegar a todos los puntos y asegurar su cumplimiento. Se trata de una competencia de la Administración central, pero que también afecta a las comunidades autónomas que no se pueden lavar las manos o mirar a otra parte en esta materia.