En estas mismas fechas de 1978, los agricultores y ganaderos, sin siglas de organizaciones de referencia e impulsados inicialmente por la Unión de Agricultores de La Rioja, protagonizaron la primera gran movilización agraria de la historia moderna de nuestro país, con más de 100.000 tractores en las carreteras. Se manifestaban en defensa, fundamentalmente, de unos precios justos, la eliminación de los intermediarios y el entierro de las Cámaras Agrarias en favor de un sindicalismo diferente en el campo.
Hoy, casi medio siglo después, con siglas de organizaciones agrarias consolidadas -ASAJA, UPA, COAG y Unión de Uniones- y movimientos ligados a la derecha sin ubicar en unas siglas, los agricultores y ganaderos han vuelto masivamente a las carreteras y ciudades. En esta ocasión lo hacen también en demanda de precios que cubran los costes de producción, en esta ocasión con la Ley de la Cadena Alimentaria como base, y exigiendo que las medidas medioambientales o de bienestar animal que suponen mayores costes y menos rendimientos no acaben con la actividad en las explotaciones frente a importaciones más baratas.
En las movilizaciones de hace cinco décadas, sobre la mesa había un paquete de peticiones económicas y, sobre todo, las demandas de vía libre a un nuevo sindicalismo ajeno al vertical de las Cámaras Agrarias. En las movilizaciones actuales, dos guerras en una sola. Una con las reivindicaciones económicas por una actividad rentable donde haya un equilibrio entre las exigencias medioambientales o de bienestar animal y la producción. Otra, la guerra de las organizaciones agrarias por demostrar con los tractores en calles y carreteras quiénes tienen la representatividad en el sector. En esta situación, a las cuatro siglas se pueden unir otros movimientos ligados más bien a la derecha política que buscan hacerse un hueco de cara a futuras convocatorias electorales.
Las mayores exigencias medioambientales a la hora de producir en la actividad agrícola o las referidas al bienestar animal, junto a la excesiva burocracia, se han convertido hoy en las principales preocupaciones de agricultores y ganaderos a la hora de ejecutar su actividad en el campo. Estos afanes medioambientalistas no son nuevos en la UE si se tiene en cuenta que, ya en 1992, frente a los elevados excedentes en leche, carnes, cereales o vino en los años 80 provocados por la psicosis para asegurar el abastecimiento y evitar la dependencia exterior, el Comisario McSharry daba un giro radical encaminado a bajar la oferta con un abandono del 10% en las superficies de cultivo, penalización de producciones por superar cuotas o superficies, apoyos a la extensificación de cultivos o para la protección del paisaje.
Para el sector, el conjunto de medidas en marcha, tanto para la actividad agrícola como para la ganadera, va a suponer no solamente un incremento en los costes de producción, sino además una reducción del volumen de oferta. Además se temen precios a la baja en muchos casos provocados por los efectos de las importaciones de productos obtenidos en terceros países en condiciones muy diferentes en lo que se refiere a costes y seguridad alimentaria.
Informe oficial.
Esta situación no es hoy solamente una denuncia del sector agrario en toda la Unión Europea. Las críticas surgen en el propio ámbito de la Comisión, como lo pone en evidencia un informe del Centro de Investigación Comunitario (JRC) que analiza los efectos de las estrategias 'De la granja a la mesa' y 'Biodiversidad 2030' que plantean una reducción en el uso de fertilizantes del 20% y del 50% en productos fito y zoosanitarios. Según los informes de ese centro oficial, su aplicación supondría una reducción de las producciones de entre un 5% y un 15%, siendo la actividad ganadera la más afectada. Esa estrategia supondría, además, unas disminuciones en las posiciones netas para la exportación, especialmente en los cereales, carne de cerdo o aves de corral, con el consiguiente empeoramiento del comercio exterior también en otras producciones como semillas, frutas y hortalizas, ovino o vacuno, con un aumento en un 10% en los costes de producción.
A todo ello, y tanto en el caso de la agricultura como en el de la ganadería, se suma la multiplicación de la burocracia y el papeleo para el control de la actividad, donde destaca la exigencia del Cuaderno de Explotación, cuya entrada en vigor se ha ido aplazando pero cuya tenencia será obligatoria si se quiere acceder a algunas exenciones de los ecorregímenes planteadas por el Gobierno el año pasado.
Junto a las reivindicaciones económicas, muy ligadas a las exigencias medioambientales, la representatividad es la otra guerra que se libra en las carreteras. La composición actual en el sector viene dada por los resultados de las elecciones a nivel estatal celebradas en mayo de 1978 a las Cámaras Agrarias, en las que siglas en el entorno de la actual ASAJA-Jóvenes Agricultores y las Uniones de COAG acaparaban un 40% cada una de los votos de 800.000 agricultores y UPA se quedaba con menos del 20%.
En las últimas décadas, a falta de convocatorias electorales a nivel estatal se han desarrollado elecciones en la mayor parte de la comunidades autónomas que, en líneas generales, ofrecieron uno datos globales que confirmaban el peso de cada sigla. ASAJA retuvo su potencial, COAG lo redujo por la escisión que se produjo en 2008 con salidas como la Unión de Pagesos o la Unió de la Comunidad Valenciana, UCCL en Castilla y León y otras más dando lugar al nacimiento de Unión de Uniones, mientras UPA ha tenido un discreto nivel de crecimiento. La clarificación de la representatividad agraria se mantiene como uno de los retos pendientes más importantes relacionados con el sector para el Ministerio de Agricultura.
En la actualidad, cuando los agricultores y ganaderos pongan fin a las protestas porque aprietan las siembras aplazadas por la sequía o para atender sus explotaciones ganaderas, al ministro Planas le corresponderá decidir qué siglas van a ser sus interlocutores, si se mantienen solo las tres habituales -ASAJA, UPA y COAG-, si se da entrada a Unión de Uniones o si se conforma otra nueva sigla por conocer bajo el movimiento del 6F.
Miguel Arias Cañete trató de encauzar esa situación en 2014 con la aprobación de la Ley de Representatividad, por la que se constituía el Consejo Agrario y además se planteaba el desarrollo de unas elecciones cada cinco años. La Ley no pasó de un puro intento porque no tuvo desarrollo con la salida del propio Arias Cañete del Ministerio y tampoco avanzó con su sucesora, Isabel García Tejerina, por lo que, a efectos de representatividad estatal, se mantuvieron los porcentajes de representatividad de los años 70.
Frente a esta situación, en 2017 Unión de Uniones -que amalgama diferentes Uniones de Agricultores antes integradas en COAG, así como otras de nueva constitución- planteaba al Defensor del Pueblo su exclusión de las mesas de negociación. Desde esa institución se instaba al Ministerio de Agricultura a organizar un proceso electoral a escala estatal pero, hasta la fecha, el departamento de Planas no se ha pronunciado todavía sobre el tema. En esa misma línea, a iniciativa de la misma organización, vía Podemos, el Parlamento daba luz verde una proposición no de ley por la que se instaba a Agricultura a convocar elecciones en un plazo de seis meses.
Nada se hizo en esa dirección y hoy la representatividad, sin urnas, se trata de demostrar en las carreteras con el voto de los tractores.