Todos los centros educativos de Castilla y León estarán cableados en 2025 para un acceso más rápido de los datos tanto para los alumnos como para los profesores, ya que el proyecto, que cuenta con una inversión de 22,6 millones, se encuentra en este momento en un 50 por ciento de su ejecución. «El proyecto avanza adecuadamente», aseguró ayer el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta, José Miguel Sáez, en la Comisión de Educación de las Cortes en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, formulada por la procuradora Elena Rincón, relativa a cableado de los centros educativos y su nivel de digitalización. Según detalló Sáez, la apuesta de la Junta es el cableado de todos los centros para una mejor accesibilidad a la información, por lo que se licitó y adjudicó el proyecto, que se encuentra en un 50 por ciento de ejecución y la evolución les permite prever que en 2025 todos los colegios contarán con cable.
El director general manifestó que en provincias como Soria el cableado de sus centros será del cien por cien estas Navidades y remarcó, en su respuesta a la procuradora, la importancia de la formación del profesorado, que en este momento es del 80 por ciento de la plantilla con acreditación digital. «No no hay colegios de primera y de segunda en función de la orografía», manifestó el responsable autonómico, que refirió algunas actuaciones como la llegada de la banda ultrarrapida, el concepto de aula digital interactiva, que combina el libro tradicional con las nuevas tecnologías, o la compra de 12.000 paneles digitales con una inversión de 23 millones, gracias a fondos europeos «que han permitido dar un avance».
Todo ello durante una comisión de Educación que contó con la presencia de hasta tres directores generales de la Consejería que comanda RocíoLucas: Blanca Ares (Universidades e Investigación), Luis Domingo González (Innovación y Formación del Profesorado) y José Miguel Sáez (Centros e Infraestructuras).Todos ellos respondieron a preguntas del Grupo Popular. La directora general de Universidades e Investigación defendió un examen estatal único en el acceso de los alumnos a las universidades y aseguró que esta medida es respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y de las universidades, que están capacitadas para «abordar este reto».
«Hecho sin precedentes»
Una reunión de la Comisión de Educación que no estuvo exenta de polémica, ya que el Grupo Parlamentario Socialista acusó al Partido Popular de impedir el debate de iniciativas de la oposición en la sesión de ayer de la comisión parlamentaria, que incorporó en su orden del día tres preguntas para su respuesta oral formuladas por los procuradores populares. En un comunicado, el portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, calificó de «hecho sin precedentes» que solo se incluyan estas tres preguntas del Grupo Popular, registradas el 23 de noviembre de este año, cuando señaló existen iniciativas del PSOE pendientes desde hace más de un año.
«Esto es la antítesis del control parlamentario y una forma en la cual el PP manosea las Cortes», afirmó Fernando Pablos, quien mostró «su sorpresa» también por el contenido de esas tres preguntas efectuadas por los procuradores del Partido Popular, que se centran en si la Consejería de Educación va a seguir dando la batalla ante el Gobierno de España para la implantación de una Ebau única. Los de Raúl de la Hoz también preguntaron a la Junta sobre la existencia de algún programa de bienestar social en el sistema educativo y sobre cableado de los centros educativos y su nivel de digitalización.
Para Fernando Pablos las tres preguntas formuladas por el Grupo Popular están «lejos» de las iniciativas planteadas por el PSOE «que sí tienen que ver con los principales problemas de la educación en la Comunidad». El portavoz socialista de Educación recordó a los populares que la actual Ebau fue aprobada con la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy, «que dio luz verde a la Lomce, en contra de toda la comunidad educativa».
Frente a estas actitudes, ha asegurado, el PSOE seguirá defendiendo una educación «pública, de calidad, con docentes con retribuciones acordes y con derechos para las familias y para los estudiantes».