La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se sumó a la petición trasladada por la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y exigió la convocatoria «urgente» de la Conferencia Sectorial de Inmigración para «coordinar y organizar» la llegada de este colectivo, para la que dio un plazo de 48 horas al Ejecutivo central. De no hacerlo, la Junta reclamará por escrito este encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas, según informa Ical.
Blanco, que presidió el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento, condenó «profundamente» la actitud del Gobierno con Castilla y León por «no informar» de la llegada de los migrantes. «Nos hemos enterado a posteriori. Sabemos que es la manera habitual de actuar del Gobierno. No es la primera vez que actúa con deslealtad y oscurantismo en estos temas», criticó la consejera, quien afeó al Ejecutivo que «venga a dar lecciones» sobre este tema cuando desde 2018, y tras la crisis humanitaria de Afganistán y Ucrania, no ha convocado a las comunidades a una sectorial.
La consejera acusó al Gobierno central de no ser la primera vez que ocurre esto. «Queremos saber cuántos van a venir, cómo lo van a hacer, planificar los recursos y que nos cuenten su política migratoria. No pueden seguir siendo desleales como hasta ahora. Son competencias ministeriales, pero a esas personas hay que darles una atención social, sanitaria y educativa en el caso de que hubiera menores, o tutelas si hay menores no acompañados, que son competencia de la Comunidad», insistió Blanco.
La consejera recordó que en las crisis humanitarias anteriores su departamento se ha reunido «permanentemente» con la Delegación del Gobierno y aseguró desconoce «porque esta vez no se avisó para organizar correctamente la llegada de estas personas».
A día de hoy, el papel de la Consejería con este grupo es la «actuación sanitaria» e identificar si ha venido algún menor no acompañado, que pasaría a ser tutelado por la Junta. En casos anteriores, prosiguió Blanco, «se organizaba, se decía las personas que iban a venir, adultos, familias, menores… como fue el caso de Ucrania».
A su juicio, cuando «se habla de que Castilla y León es una tierra solidaria, de acogida, implica atender a unas personas que huyen de situaciones tan difíciles». De ahí, reiteró, es «importante que exista esa coordinación, colaboración y lealtad entre las administraciones».
Cuestionada por la posición de la Junta, tras las declaraciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, en la noche del miércoles en Medina del Campo, la consejera invitó a escuchar las palabras del portavoz, Fernández Carriedo, en las que «dejó clara cuál es la posición de la Junta».