La Diputación lanza una nueva línea de ayudas destinadas a la mejora de la seguridad y la salubridad de los inmuebles, lo que permitirá la demolición de edificios abandonados y la limpieza de solares. Estas subvenciones, dotadas en esta primera anualidad con 150.000 euros, tratan de ofrecer una solución al notable deterioro que presenta el patrimonio construido en algunas localidades del medio rural, al punto de entrañar incluso riesgo o de causar posibles daños a personas e inmuebles colindantes.
El Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM) gestiona estas ayudas, que pueden solicitarse hasta el 31 de mayo, con las que quiere incentivarse a los propietarios para que procedan a demoler edificios dañados y a limpiar solares. Unas operaciones que, según destaca la institución provincial, «a menudo no efectúan los titulares de la propiedad porque el coste de las obras no puede repercutirse posteriormente en aprovechamientos del solar, o en la venta del bien inmueble, bien por falta de demanda, bien por el bajo precio o la escasez de mercado en esa localidad».
Pueden ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que acrediten ser propietarios de edificios y construcciones, tanto de titularidad pública como privada, en situación de abandono, cuyo estado de conservación presente deficiencias estructurales o de otro tipo, que deban demolerse. En todo caso, las construcciones no deben estar catalogadas ni sujetas a régimen de protección alguno, y han de situarse en suelo urbano de los pueblos de la provincia.
CUANTÍA MÁXIMA
La Diputación concederá como máximo 10.000 euros por solicitud y la subvención nunca superará la mitad del coste total subvencionable, entendido como el presupuesto de ejecución material del proyecto o memoria de derribo y limpieza del inmueble, incrementados por los gastos generales y de beneficio industrial, que sumados no podrán superar el 22 por ciento del presupuesto de ejecución material.
También podrá subvencionarse el coste de redacción de los proyectos o memorias, y los honorarios de los profesionales que intervengan en las obras; pero se excluyen los impuestos, tasas y tributos en general. En cualquier caso, el coste total de la actuación subvencionable no podrá superar los precios medios de mercado, conforme a los criterios que determinen los servicios técnicos de la Diputación.
Las bases de la convocatoria fijan unos criterios de valoración de las solicitudes con arreglo a los principios de transparencia y objetividad que impone la administración.