Una zona de bajas emisiones «para el 95% de los ciudadanos»

Carlos H. Sanz
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El Ayuntamiento pedirá un crédito para reducir a un carril Don Sancho y La Cestilla y elevar la calzadas en Burgos, Menéndez Pelayo, Antonio Maura y Mayor Antigua

Una zona de bajas emisiones «para el 95% de los ciudadanos» - Foto: Pedro Flórez

La condición que la UE y el Gobierno pusieron a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes para beneficiarse de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculados a la movilidad urbana fue poner en marcha una zona de bajas emisiones (ZBE), es decir, un área en la que el acceso a determinados vehículos está restringido con el objetivo de mejorar la calidad del aire. 

Esa ZBE tenía que haber estado definida el pasado 31 de diciembre, pero en Palencia, al igual en otros muchos municipios, se fue aplazando no ya su puesta en marcha sino, incluso su definición dentro de la ciudad. Bajo la promesa de ponerla en marcha cuanto antes, el Ayuntamiento recibió hace dos años 3,5 millones de euros que sirvieron para financiar la conexión del parque de los Jardinillos con la calle Mayor -1,5 millones a los que finalmente se renunció-, la elevación de la calzada en las calles de Higinio Aparicio, Eduardo Dato y Antonio Maura (150.000 euros); la mejora de la accesibilidad en 112 paradas de autobús (600.000 euros) y la implantación de nueva iluminación y sistemas de seguridad en 25 pasos peatonales (768.000 euros).

Y, bajo ese mismo compromiso, la anterior Corporación solicitó al Gobierno a finales del año pasado financiación europea para proyectos por valor de 3.988.623 euros. En concreto, un sistema de control de accesos, señalización y gestión de la zona de bajas emisiones (1.724.931 euros); semipeatonalizar las calles Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Menéndez Pelayo, Antonio Maura e Isabel la Católica (1.110.000 euros); la reurbanización de Mayor Antigua y la plaza de Cervantes (549.000 euros); y extender la red de aparcamientos seguros de bicicletas (614.431 euros).

El anterior equipo de Gobierno de PP y Cs no concretó públicamente los detalles de cómo, cuándo y de qué forma se va a implantar en la ciudad la zona de bajas emisiones, uno de los asuntos sobre los que más se debatió durante la campaña electoral. Sin embargo, el Ayuntamiento sí definió a la UE y al Gobierno de España cómo será la zona de bajas emisiones de Palencia en septiembre de 2022, cuando solicitó financiación para esos proyectos por valor de casi cuatro millones de euros.

Una delimitación que se corresponde con lo planteado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible -que encargó, pagó pero no aprobó la anterior Corporación- y que abarca todas las calles interiores comprendidas entre el paseo del Salón y las avenidas de Castilla, Simón Nieto, Antigua Florida, Casado del Alisal y Manuel Rivera. Dicho de otra forma, el casco histórico.

El Gobierno aprobó el pasado 24 de julio la concesión definitiva de estas ayudas vinculadas al despliegue de la zona de bajas emisiones, lo que planteó al nuevo equipo de Gobierno de Miriam Andrés dos retos: llevar a cabo esos cuatro  proyectos y definir los detalles de dicha ZBE. 

Un crédito.

Con la aprobación de la concesión definitiva de la ayuda, el Gobierno dio al Ayuntamiento dos meses para que, al menos, publique su licitación, es decir, que inicie el proceso administrativo para su contratación. De los 3.988.623 euros en los que están valorados, la UE aporta al Ayuntamiento 2.966.744, por lo que el resto, 1.021.878 euros, tiene que salir de las arcas municipales. 

«Cuando este equipo de Gobierno se puso a trabajar en ello, comprobamos que ni había proyectos ni se había reservado ese millón de euros», desveló ayer el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, que reconoció ante los medios que llegó a estar sobre la mesa renunciar a esos 4 millones de euros de los fondos europeos.

Para evitar esa decisión drástica, el área de Carlos Hernández aprobará en el pleno de este mes una modificación del Plan de Inversiones de este año, de forma que la ciudad se endeudará con un crédito para poder abonar esos 1.021.878 euros, una operación que ya tiene el dictamen favorable de la comisión de Hacienda.

Solucionado el problema de financiación, el equipo de Gobierno tiene hasta el día 24 de septiembre para iniciar la licitación de las obras. Durante los últimos dos meses, el Ayuntamiento ha trabajado contrarreloj para poder cumplir ese plazo, ya que Álvaro Bilbao, concejal de Urbanismo, explicó que la reurbanización de otro tramo de Mayor Antigua y la plaza de Cervantes «es el único proyecto que la anterior Corporación dejó a medio redactar ya que de los otros tres no había nada». 

La Junta de Gobierno Local aprobará hoy, si procede, el proyecto de regeneración urbana de las calles de los entornos de la catedral y la plaza de Cervantes, «donde se elevará la calzada y renovarán las aceras igual que se ha hecho en la parte final de Mayor Antigua, es decir, con adoquín», especificó Bilbao. 

Siguiendo con las peatonalizaciones, las calles Don Sancho y La Cestilla, quedarán reducidas a un solo carril de circulación, de forma que los vehículos solo podrán circular desde iglesia de La Compañía hacia la Diputación. En estas dos calles y también en las de Burgos, Menéndez Pelayo, Antonio Maura e Isabel la Católica se renovarán los acerados y suministros y se elevará la calzada. Por ahora, no hay proyecto ya que el primer paso que dará el equipo de Gobierno será el de contratar a una empresa para que lo redacte. «Lo haremos público en cuanto lo tengamos», prometió Bilbao.

La próxima semana irá a la Junta de Gobierno Local los pliegos para la compra de 11 aparcamientos de bicicletas inteligentes que permitirán ampliar la capacidad actual de la ciudad en 300 plazas, según detalló el edil de Urbanismo. Y, por último, respecto al sistema de control de accesos a la ZBE, la intención es que los pliegos estén listos el día 15.

La zona de bajas emisiones

Pese a la dificultad del reto de financiar y sacar adelante esos proyectos, el verdadero reto de cara a la opinión ciudadana a la que se enfrenta el equipo de Gobierno de Miriam Andrés es el de poner en marcha la ZBE. El propio Álvaro Bilbao aseguró ayer que al Ejecutivo socialista no le gusta el área que la anterior Corporación de PP y Cs definió como ZBE, pero que alterarla hubiese supuesto rechazar tres millones de fondos europeos. 

Durante los próximos meses, el Ayuntamiento debe redactar y aprobar una ordenanza que regule qué vehículos pueden o no acceder a las calles interiores de la zona delimitada por el paseo del Salón y las avenidas de Castilla, Simón Nieto, Antigua Florida, Casado del Alisal y Manuel Rivera.

«La opción es una ZBE pequeña con muchas restricciones o una grande con pocas. Este equipo de Gobierno ha decidido, viendo la delimitación que nos viene marcada por el anterior equipo de Gobierno, que las limitaciones seas las mínimas posibles», avanzó el concejal, que expresó su deseo de que la aprobación inicial y la exposición pública de la ordenanza se produzcan antes de fin de año.

Al respecto, Álvaro Bilbao detalló que la intención del Ayuntamiento es que «cualquier residente en el centro de la ciudad pueda circular libremente en esta zona» y que «cualquier palentino empadronado en la ciudad puede hacerlo sin impedimentos». 

«Buscaremos la forma de hacerla lo más laxa posible y facilitar el acceso a la ZBE  sin restricciones al 95% de los palentinos y de la gente que venta de fuera», resumió el edil, que consideró que con la elevación de las calzadas y la limitación de la velocidad se conseguirá el objetivo de reducir las emisiones. 

Paralelamente a la confección de esa ordenanza, el equipo de Gobierno de Miriam Andrés ya ha dado orden de modificar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que es la herramienta que el Gobierno y la UE exigen a los Ayuntamientos y en la que se incluye la ZBE. 

Aunque la anterior Corporación contrató su redacción, no fue llevado a pleno, así que ahora «se ha ordenado a la empresa que lo confeccionó subsanar deficiencias técnicas porque muchas cuestiones que incluyeron no nos gustaban», aseveró Álvaro Bilbao, que quiere llevar al pleno de octubre su aprobación. «Así cumpliremos lo que el anterior equipo de Gobierno no quiso hacer», criticó el concejal.