El procurador Francisco Igea denunció hoy que el acuerdo de la Mesa de las Cortes del pasado 4 de abril, por el que se le retiraba la dedicación exclusiva dentro del Grupo Mixto y su salario, va en contra de la Constitución por lo que presentó en el registro de la cámara un recurso para su revocación. Igea explicó que ahora se abre un plazo de tres meses para que la cámara vuelva a la "sensatez" y reconsidera ese decisión porque de no ser así acudirá a pedir amparo al Constitucional.
Igea explicó hoy su solicitud de reconsideración y anulación del acuerdo y cargó contra el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, por su "animadversión personal", y contra el letrado de la cámara cuyo informe justificó la decisión, por su falta de imparcialidad. En este sentido, indicó que esperan recibir el acta de la reunión en la que se tomó esa decisión y que "se reconsidere" y no se vea obligado a acudir al Constitucional, "sino fuera el caso" de tener que ir a otras instancias si viesen otro tipo de delito como el de prevaricación.
El procurador, ex de Ciudadanos, incidió en que no se trata del reparto de asignaciones sino de "conceptos esenciales del valor de la representación política de los ciudadanos ante las Cortes", para constatar que se ha producido una "clara vulneración" de ese derecho porque en el acuerdo "se recurre a un concepto de transfuguismo exorbitante, sin conexión con el sentido inicial de ese pacto".
Las sentencias del Constitucional "lo avalan", afirmó, para exponer que "no es cierto que la desvinculación política de un grupo desestabilice la vida parlamentaria", para aclarar que el pacto antitransfuguismo se refiere a una decisión que "cambia las mayorías a cambio de prebendas de la nueva mayoría". "Es evidente que no es el caso", sentenció, para precisar "nadie ha alterado la voluntad de los electores", porque su expulsión fue "fruto de una critica interna".
Francisco Igea insistió en su defensa de la Constitución y puso de relieve que está en peligro el principio de democracia parlamentaria porque no son los partidos políticos los que toman las decisiones en el Parlamento, sino los representantes electos. "Si se deja en manos de los partidos la democracia parlamentaria dejará de tener sentido", dijo, para recordar además que el pacto antitransfuguismo no tiene carácter normativo.
"Si se admite esto como razonable dejaríamos sin capacidad ninguna a los representantes de estas Cortes y de cualquier parlamento. Los partidos no controlan la vida del parlamento, no pueden estar por encima de la actividad de los grupos y de los parlamentarios, lo dice la Constitución", argumentó.
Igea insistió en una decisión "fundamentalmente arbitraria" porque se hace "ad persona", no a través de una norma para el conjunto de los procuradores, y solicitada por un "adversario político", no por su propio expartido, lo que constituye una "novedad absoluta".
Asimismo, remarcó que se produjo a petición del grupo del presidente de las Cortes, y fue el propio Carlos Pollán quien desempató la votación con su voto de calidad. Una personas que ha mostrado, dijo, una "reiterada animadversión" por su persona.
Francisco Igea también cargó contra una "decisión sonrojante" sobre la base del informe de un letrado bajo "sospecha de parcialidad", que "ha pasado directamente de asesor de gabinete de Almeida a estas Cortes y que fue compañero de pupitre del vicepresidente".