La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, convocó hoy a las comunidades autónomas para comunicarles el plan para desarrollar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que conllevará la contratación de miles de profesores ayudantes doctores necesaria para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes que exige la norma.
El Gobierno plantea que el coste de estas nuevas contrataciones sea asumido solo en parte por el Ejecutivo central, mientras que las autonomías también deberán contribuir al tener transferidas las competencias en este ámbito. Una circunstancia con la que las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, no están de acuerdo, como destacó la consejera de Educación, Rocío Lucas, a su llegada a la cita en el Ministerio: "Desde la Junta de Castilla y León vamos a plantear el posicionamiento que llevamos tiempo reivindicando, que es que la financiación de la LOSU, una Ley implantada por el Gobierno sin el consenso con las comunidades autónomas, sea asumida al cien por cien por el Ministerio de Universidades".
En este sentido, la consejera recordó que la Junta lleva "años" realizando "un gran esfuerzo en política universitaria", lo que supone a su vez un "gran esfuerzo presupuestario" para entre otras cuestiones "mejorar las tasas, mejorar las becas y mejorar la oferta educativa". "Queremos seguir implantando esa política universitaria en nuestra comunidad autónoma", subrayó Lucas, al tiempo que insistió en exigir al Ministerio que financie "al cien por cien" la contratación de los profesores ayudantes doctores porque en caso contrario "se va a quedar como gasto estructural para la junta de Castilla y León".
"Las comunidades autónomas también tenemos nuestra política universitaria y queremos que siga existiendo", enfatizó antes de insistir en que habrá que esperar a saber el "planteamiento del Ministerio" aunque hizo hincapié en que la Junta volverá a repetir el planteamiento que ya presentó en los grupos de trabajo: "Que esa financiación sea cien por cien por parte del Ministerio de Universidades".
Por otro lado, Rocío Lucas no ocultó su malestar por haber conocido las intenciones del Ministerio a través de los medios de comunicación. "Es una queja que siempre hemos manifestado", señaló detallando que las comunidades autónomas, que "somos las que tenemos que poner marcha todas estas cuestiones", han sido "las ultimas en enterarnos de las decisiones del Ministerio". Por ello, las expectativas en cuanto a la reunión de hoy "no son muy positivas". Pese a ello, la consejera indicó que las autonomías seguirán "planteando y exigiendo algo que es de justicia y que entendemos que es positivo para nuestras universidades que es que lo que ellos gobiernan y legislado sea asumido por parte del Ministerio.