Es el hombre más mencionado de la política actual, ni en sus mejores escenarios pudo pensar Carles Puigdemont que de él dependía el futuro Gobierno de España. Él, que se escapó a Francia, con destino Bruselas, escondido en el maletero de un coche, como los delincuentes. Él, que dejó tirados a sus colaboradores, lo que no le perdonan varios de ellos, que acabaron con los huesos en la cárcel por seguir las instrucciones de quien era el presidente de la Generalitat. 

El futuro de España depende de un Puigdemont que lo ha pasado regular hasta que el 23-J se equivocaron todos los sondeos que habían dado ganador al PP por amplio margen y que Feijóo se convertiría en presidente de Gobierno. Ganó el PP, pero no por el margen suficiente. Y los siete escaños de Junts se convirtieron en el claro objeto de deseo de Pedro Sánchez, que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en Moncloa. Es más, si Puigdemont le pide en Bruselas, con luz y taquígrafos, que le pida sus votos -una humillación-, es probable que Sánchez lo haga. Sin embargo, hace solo dos meses, exactamente dos meses, Puigdemont era un político que atravesaba una difícil situación personal y política. Hoy es un hombre que tiene desquiciado al sanchismo. No saben por dónde va a salir. 

Hace pocos años quiso tener al lado a su familia, y se trasladaron a Waterloo su mujer y sus dos hijas. Al acabar el curso las chicas pidieron regresar a España, donde estaban su mundo y sus amigos. La mujer regresó con ellas y consiguió además que las autoridades catalanas prorrogaran su contrato con una revista de la Diputación de Gerona espléndidamente pagado. Por otra parte, las finanzas del expresidente no son lo que eran. 

Su íntimo amigo Matamala, que costeó su escapada y su estancia en el palacete de Waterloo, empieza a mostrar señales de que espera que acabe pronto la situación, no puede ser el pagano de por vida, mientras que los integrantes del Consell de la República creado por Puigdemont sufre un constante goteo de deserciones... que afectan a los ingresos del prófugo catalán.

Puigdemont era desde hace años una figura con poco futuro. ERC había cogido delantera a Junts, el partido de Puigdemont, y Junqueras se había convertido en el referente del independentismo. Un Junqueras que cogió la bandera abandonada por Puigdemont con su huida, que fue juzgado y condenado, que pasaron varios años en prisión mientras Puigdemont vivía en Bruselas a cuerpo de rey. 

Estupor

Todo eso cambió el 23 de julio: Sánchez necesitaba los siete escaños que manejaba Puigdemont para aprobar la investidura y empezó un toma y daca que ha llenado a media España -o más- de estupor. Puigdemont, consciente de pronto del poder que tenía en su mano, exigió lo que nunca pensó que podía exigir, amnistía y referéndum. La sorpresa fue que encontró a un Sánchez dispuesto a dialogar, con lo cual se elevó el listón de las exigencias. Tanto, que ahora mismo es impredecible cómo van a acabar las negociaciones. Solo Puigdemont lo sabe. 

Todo lo que se refiere a las negociaciones pertenece al terreno de la especulación. Encabeza esas negociaciones, como siempre, el ministro Bolaños y alguna persona más del equipo de Moncloa, con Zapatero como última incorporación, pero con un papel muy light, según dicen. Pero dentro de las especulaciones algunos de los datos que se manejan tienen sentido. 

Una versión asegura que el mandato que le ha trasladado Sánchez a Bolaños es que se apruebe un texto para la Ley de Amnistía que pueda ser aprobado sin problema por el Tribunal Constitucional, donde al parecer el presidente Conde Pumpido ha hecho saber a quien debe saberlo que no está dispuesto a aprobar lo que sea abiertamente inconstitucional. 

Está molesto por las acusaciones de que hará lo que mande Moncloa y puede dar sorpresas, lo que exige a Bolaños y a sus expertos, o supuestos expertos, que trabajen bien el decreto para que pueda ser aprobado por la mayoría del TC. Un decreto que evidentemente no se llamara proyecto de ley de Amnistía, aunque su descripción sería una amnistía en toda regla.

Una segunda versión es más enrevesada, lo que da pie a pensar que efectivamente es la que maneja el equipo de Moncloa que trabaja para Sánchez, ya que es conocida la habilidad del presidente en funciones para torcer los textos legales. Primer capítulo: se aprobaría la ley en el Parlamento, con la convicción de que a corto plazo llegarían los primeros recursos de inconstitucionalidad. Segundo: si el recurso fuera del Tribunal Supremo, la aplicación de ley se suspendería hasta que se pronunciara el de Garantías. Cualquier otro recurso no paralizaría la amnistía, pero estaría condicionada a la decisión del TC cuando anunciara su decisión. Y ahí viene la idea que manejan estos días tanto en la Cataluña independentista como en el Madrid político que sigue muy de cerca las negociaciones: el TC se pronunciaría sobre la constitucionalidad en un plazo que habitualmente es de uno a tres años, ese dictamen diría que la ley es inconstitucional... pero podría indicar que los efectos no serían retroactivos para quienes ya disfrutaran de la amnistía. 

Otras exigencias

No solo la amnistía y el referéndum forman parte de las negociaciones entre el Gobierno y el independentismo catalán, asuntos de relevancia máxima y que tanto en Junts como en ERC los mencionan como éxitos.

Siempre ha pedido el independentismo la retirada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil y CNI, y aunque no se ha producido esa retirada formalmente, la disminución de la presencia es un hecho perfectamente constatable. 

También exige el independentismo menos presencia del Jefe del Estado, pero el Rey Felipe se ha empeñado no solo en acudir a todos los actos en los que es obligada su presencia aunque sepa que se encontrará con autoridades ausentes, o con fríos gestos de saludo si efectivamente hay saludo, sino que acepta todas las invitaciones de entidades privadas que llegan a Zarzuela. Los Reyes, y la Princesa Leonor que es también Princesa de Gerona, son personalidades habituales en Cataluña, y probablemente lo serán todavía más ahora que Ada Colau ha dejado la Alcaldía y preside el ayuntamiento el socialista Jaume Collboni, que siempre ha tenido un comportamiento impecable con la Corona.

Entramos en la fase final del tiempo que marca la ley para elegir presidente de Gobierno. Si el 27 de noviembre Sánchez no ha conseguido que se apruebe su investidura, automáticamente se convocarán elecciones para el 14 de enero.

Es fase de rumores, en los que se analizan con lupa declaraciones, encuentros públicos y secretos, y reacciones de los negociadores cuando se filtra cualquier noticias. 

En Moncloa nadie se atreve a decir que tiene la certeza de que Sánchez será presidente antes del día 27. Pero tampoco nadie se atreve a decir que tiene la certeza de que habrá nuevas elecciones. La razón: que ninguna de las dos decisiones depende de Sánchez, sino de un político fugado de la Justicia, que vive en Bélgica... y que cambia de criterio según le llegan las noticias de cómo se viven las cosas en el mundo independentista y, lo más importante para él, si tiene opciones de ser presidente de las Generalitat si decide regresar a España. Es lo único que le importa.