Con la juventud ya consumida y recién estrenada la madurez, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se enfrenta a sus cuarenta y un años con un dilema netamente humano: ¿Renovarse para seguir creciendo o consolidar lo presente?. Las 116 competencias que delimitan las lindes democráticas que tiene asumidas la Carta Magna autonómica hacen cuestionarse si Castilla y León ha alcanzado ya su límite competencial o todavía hay margen para ensanchar más las bases del autogobierno. Televisión pública regional, policía autonómica, prisiones, sanidad penitenciaria, inmigración, o la gestión del Duero son algunas de las materias de las que la Comunidad podría llevar las riendas pero que, por el momento, o no quiere o no puede. Mucho ha llovido desde que en mayo del 2015, en plena campaña electoral, el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, plantease sin éxito una cuarta y última reforma del Estatuto para incluir nuevas competencias y añadir cuestiones como el suelo de inversión social o la revisión del aforamiento y número de procuradores.

Hoy, una década después, la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados tras las elecciones del 23 de julio ha devuelto a la palestra el desmembramiento de competencias del Estado en favor de las autonomías. Solo basta con observar la asiduidad con la que algunas atribuciones hasta ahora en manos del Gobierno central cogen el 'puente aéreo' Madrid-Barcelona. Y es en este momento en el que Castilla y León se debe preguntar si necesita más asignaciones o si el Estatuto ha tocado, por fin, techo competencial.

Un interrogante al intentan dar respuesta para este periódico cuatro personajes clave en la historia democrática de la Comunidad, un experto en Derecho Constitucional, y los portavoces de los dos principales Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Cuestionados por este mismo asunto, desde la Consejería de la Presidencia decidieron no hacer declaraciones y se remitieron a la intervención del consejero Luis Miguel González Gago el pasado verano en la que reclamaba mayor protagonismo de las comunidades en las políticas del agua, pero sin querer referirse directamente a la Confederación Hidrográfica del Duero. «El Estatuto de Autonomía tiene todavía una larga vida y puede progresar», añadió González Gago.

Primera toma de posesión de Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta en Fuensaldaña. - Foto: Ical

Los entrevistados coinciden en que Castilla y León ha alcanzado un desarrollo competencial al más alto nivel con un Estatuto de «última generación» que sirve de paraguas democrático a los 94.226 kilómetros cuadrados que tiene la Comunidad. Ahora bien, los caminos se bifurcan sobre la necesidad, o no, de firmar nuevas atribuciones, y siempre con dos mantras sobre la mesa: la Confederación Hidrográfica del Duero y la administración de Justicia.

Un anhelo de décadas

«La gestión del Duero es lo que siempre añoramos y quisimos, porque el Duero es todo Castilla y León». El exvicepresidente de la Junta y exconsejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, resume a la perfección el sentir común sobre una competencia por la que la Comunidad lleva décadas peleando –Demetrio Madrid ya lo intentó durante sus años de presidente de la Junta a mediados de los ochenta– y sigue considerando vital para mejorar su autogobierno. «Es una competencia pendiente que tendríamos que abordar», comparte Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, que argumenta su posición en las «muchas competencias autonómicas que se ven afectadas totalmente por el agua». Un anhelo que ya se planteó en la reforma del 99 y se incluyó con la modificación estatutaria de 2007, aunque el Tribunal Constitucional lo tumbó tras un recurso de la Junta de Extremadura. Hoy, los expertos consultados por este periódico siguen señalando a la CHD como el último gran hito a conquistar por la Comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder regional del PSOE, Luis Tudanca. - Foto: Agencia Ical

«Tuvimos diferencias con el Gobierno y el Constitucional, en algo que seguimos considerando que sería beneficios para Castilla y León, especialmente para los regantes», coincide Raúl de la Hoz, portavoz popular en las Cortes y mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco en el hemiciclo. «Estuvo el debate de si la Comunidad podía asumir o no las competencia sobre el agua incorporando la CHD. Pero no estaba claro», recuerda Jesús Quijano, líder regional del PSOE entre 1990 y 2000, que señala que el Constitucional sentenció que para que pueda ser transferida tiene que estar íntegramente en la Comunidad, «y el Duero aquí está al 96%».

¿Y la justicia?

«La competencia de Justicia esta en el Estatuto de Castilla y León desde 1999, pero no se ha desarrollado. Es una deuda pendiente». Jesús Quijano explica el otro gran 'debe' que arrastra a nivel competencial la Comunidad, que tras la modificación estatutaria de finales del siglo pasado recibió la administración de la Justicia. A diferencia de la reclamación con el Duero, en este caso Castilla y León ya la tiene en su Carta Magna. «La transferencia de esa competencia no nos va a dar una administración de justicia propia, pero sí la gestión en medios materiales a disposición de la administración de Justicia». Postura compartida por De Santiago-Juárez, que pide a la Junta desarrollar esta atribución: «Lo primero es completar las competencias con Justicia». El exvicepresidente de la Junta recuerda que en la ultima negociación que participó para avanzar en el desarrollo de la administración de Justicia, «el Estado te quería transferir déficit y no se trata de eso, sino del coste efectivo de la competencia».

Por su parte, Fernando Rey reconoce que «se calcularon mal los traspasos de fondos para gestionarla y no se iba a poder ejercer en buenas condiciones». Explicación similar a la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que recuerda que «hablamos hace tiempo de Justicia, pero lo descartamos porque no iba a generar beneficio y estaba infradotada».

Presente y futuro

Dejando a un lado dos reivindicaciones clave para Castilla y León, toca alzar la vista al frente y preguntarse si, más allá de estas, cabe la posibilidad de que el Estatuto sume nuevos puntales. «No se trata de tener competencias por poner el logo de la Junta en la prestación de los servicios, sino aceptar aquellas que supiéramos que servirían para prestar mejor servicios», explica Raúl de la Hoz, portavoz popular en las Cortes y mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco en el hemiciclo, que resume así la visión del PP: «Más que acaparar todas las competencias, preferimos gestionar las que sean útiles para los ciudadanos». De la Hoz insiste en que no quieren entrar en «ninguna subasta de competencias». «Si en el futuro consideramos que asumir alguna otra competencia es buena para los ciudadanos pelearíamos por ella». No oculta que el Estatuto «no ha alcanzado ni mucho menos su límite competencial», y da pistas de su posible desarrollo: «No es tanto pedir competencias nuevas, sino el desarrollo de lo que ya tenemos».

Desde el otro extremo de las Cortes de Castilla y León, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, lamenta que desde el PP y la Junta llevan años de «baile y desconcierto mareando la perdiz con la CHD y Justicia». Dejando atrás el pasado y mirando hacia nuevas cotas de autogobierno, Tudanca reconoce que es «muy difícil» que la Comunidad asuma nuevas competencias «si los partidos que están en la Junta no confían en sus posibilidades». «Si confiaran en su gestión querrían asumir más competencias si se vieran capaces», añade el secretario regional del PSOE.

Techo competencial

«Cuarenta y un años después, básicamente estamos cerca del techo competencial. Castilla y León tiene las competencias que en principio quería ejercer, salvo la de la CHD», señala Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, que considera que el autogobierno alcanzado por la Comunidad ha llegado a su límite, con la única excepción de la gestión del agua. Además tiene claro que el único criterio para seguir recibiendo competencias debería ser «dar el mejor servicio a los ciudadanos».

Tanto al que también se apunta el primer presidente de la Junta durante la democracia, el socialista Demetrio Madrid, que se pregunta «de qué vale que tengamos siete ventanillas a las que pueden dirigirse los ciudadanos si luego cada una funciona de manera diferente». «El problema no está en tener más competencias, sino en la cooperación entre las propias comunidades».

Otro de los que considera que Castilla y León ha tocado techo competencial es el expresidente de la Junta entre 1991 y 2001, Juan José Lucas, que indica que «en el ámbito competencial el Estatuto tiene cubiertas la mayoría de sus necesidades. Ni tenemos ni queremos otro tipo de reivindicaciones que vemos en otras comunidades». Su contemporáneo en el PSOE, Jesús Quijano, valida esta posición: «No veo una necesidad de ampliar competencias, yo creo que tenemos prácticamente el máximo de lo que se puede tener y no sé qué más podríamos asumir».