Silencio. Ni la Junta de Castilla y León ni el PP autonómico han salido todavía al paso de la polémica surgida sobre una posible quita de la deuda que Cataluña tiene con el Estado en el marco de las negociaciones para la conformación del nuevo Gobierno central. Un mutismo que chirría con la realidad de los números: Castilla y León es de las regiones que menos debe al Estado –unos 2.000 millones de euros sobre un total de casi 200.000–, y la que menor porcentaje de su deuda es con el Ministerio de Hacienda –el 15% frente a una media del 53%–. Todo ello con el debate sobre el modelo de financiación autonómica de fondo, uno de los caballos de batalla de Castilla y León durante los últimos años y cuya reforma, pendiente desde hace quince años, ven desde la Junta como condición sine qua non para garantizar la estabilidad del Estado de Bienestar en la Comunidad. Consultados por este periódico, ni el Ejecutivo regional, ni el PP autonómico, ni su Grupo Parlamentario han querido fijar una postura sobre la posibilidad de que el Estado perdone parte de la deuda a algunas comunidades, como ya han hecho, y con contundencia, otros barones populares de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía o Galicia. Incluso algunos del PSOE, como el todavía presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, que pide que «no haya agravios» si se asumen quitas.
Y es que el planteamiento de que el Gobierno central asuma parte de los 71.000 millones que Cataluña adeuda al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Sánchez ha provocado el recelo de varias comunidades de distinto signo, que avisan de las posibles «prebendas» y reclaman que no haya agravios en la reforma del sistema de financiación autonómica.
En Castilla y León, por el momento, parece que el ralentí político veraniego impide que desde la Junta o el PP regional sumen sus voces a las de compañeros de otras regiones, que avisan del riesgo de que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie «en el cuarto oscuro del separatismo». «Sería lanzar una señal muy grave al mercado sobre la solvencia», aseguraron esta semana desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Consultados por este periódico, desde la Junta se limitan a asegurar que mantienen la misma postura sobre la necesaria y urgente reforma del modelo de financiación autonómica, en la que reclaman más peso para las variables de superficie, baja densidad, dispersión y envejecimiento en la población ajustada. Tímidamente, este jueves, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aprovechó un acto en Zamora para exigir al Gobierno que revise la financiación, un asunto que «ya estaba en la agenda» del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, «cuando fue destituido por la moción de censura». En este sentido, recalcó que hay servicios «que no dependen» de tener más o menos habitantes: «Todo eso no está retribuido ni financiado por el Estado y, por lo tanto, exigimos al Gobierno que acometa esa financiación».
Mientras, fuentes de Economía y Hacienda recuerdan que el actual Sistema de Financiación Autonómica ha generado una infrafinanciación y un déficit acumulado desde 2009 de, al menos, 7.650 millones de euros. Desde el Gobierno central insisten en que este 2023 será un año de récord en la financiación de las comunidades. De hecho, solo hasta julio Castilla y León ha recibido ya más de 4.400 millones de euros con cargo al modelo –caduco desde hace quince años–, un 10% más que en 2022.
La reforma del modelo de financiación autonómica dibuja extraños compañeros de viaje. Tres bandos hay sobre la mesa: el de las comunidades del noroeste, despobladas y dispersas que reclaman ajustar los fondos a la población; el sur y el levante, que piden vincular el reparto a la variación de población que sufren durante el verano; y los 'ricos', Madrid, Cataluña y Baleares, que denuncian que aportan a la hucha común mucho más de lo que reciben.
¿Cuánto debe Castilla y León al Estado?
1.966 millones de euros. Una cifra que la convierte en la cuarta región de régimen común de España que menos debe al Ministerio de Hacienda, que ya ha prestado casi 190.000 millones a las comunidades con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Precisamente Cataluña, foco de la polémica, acapara el 35% del total con más de 71.000 millones en rojo con el Estado. Además, Castilla y León es la comunidad que menos necesita al Gobierno para financiarse, y solo el 15% de su cartera de deuda es con Madrid.
¿Qué es el FLA?
El FLA, o Fondo de Liquidez Autonómica, es una línea de crédito por la que el Estado presta dinero a las comunidades para que no tengan que recurrir a los mercados para financiar su deuda, y que actualmente tiene 187.000 millones de euros pendientes de cobrar a las autonomías. Se utiliza para abonar vencimientos de deuda o el pago de facturas a proveedores que tengan las autonomías. El fondo se creó en 2012, durante la crisis económica, para evitar la asfixia de las regiones. Cataluña fue la primera en pedir su adhesión al FLA y le siguieron Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Murcia. A día de hoy, también están el resto menos Madrid.