«Queremos volver a ser agricultores, lo que éramos antes, no administrativos, contables, informáticos, ingenieros… ser agricultores para producir alimentos». Es la voz de Javier Alonso, agricultor de Fuente el Olmo de Íscar, en Segovia, que desde el 1 de febrero participa en todas las protestas del campo porque, asegura, este es «un momento histórico para lograr las reivindicaciones».

Por eso, este agricultor estuvo el lunes 26 de febrero en Madrid, en la movilización que llevó a la capital a 30.000 agricultores y ganaderos de toda España, 5.000 de Castilla y León. Esta vez a pie porque solo se autorizó la entrada de 107 tractores. La semana anterior Javier Alonso ya intentó acceder a la capital con su tractor, pero fue uno de los agricultores al que se le cortó el paso en El Espinar. 

La protesta de Madrid, convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, supone un punto y seguido en las movilizaciones del campo, que acumula ya un mes de protestas a la espera de que Bruselas y el Ministerio de Agricultura concreten sus propuestas. La pancarta oficial llevó como título 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento', algo que se evidenció en toda la marcha, con continuas críticas a una legislación que el sector ve en su contra, que limita su producción y que les inunda de burocracia. 

«que nos dejen trabajar». María José, ganadera de vacuno, ovino y porcino en la comarca de Sayago, en Zamora, expresaba con dureza su hartazgo: «Solo quiero que nos dejen trabajar, estamos hartos de gente que no tiene ni idea que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas». Durante la marcha, esta ganadera pudo agradecer los aplausos de un puñado de madrileños, sobre todo mujeres, que reconocían así el trabajo de agricultores y ganaderos, «porque del campo venimos casi todos y al campo lo necesitamos todos». Ganadera desde que nació, María José admitía que está perdiendo la ilusión: «No podemos vivir de limosnas, queremos vivir de nuestro trabajo, esto es muy triste». 

La marcha transcurrió entre el Ministerio de Agricultura, en Atocha, y la oficina de la Comisión Europea en Madrid, en el paseo de la Castellana. Las organizaciones agrarias aseguran que el sector está sufriendo una reconversión silenciosa donde no salen los números y en la que el pequeño agricultor se ve fuera de juego, con continuas trabas que ponen en peligro su medio de vida. 

También desde la provincia de Segovia, desde Campo de Cuéllar, Sheila e Isabel son dos hermanas agricultoras y ganaderas, hijas y hermanas de agricultores y ganaderos, que están al frente de una granja de porcino y, a la vez, trabajan por cuenta ajena para una empresa de planta madre de fresa. Se encuentran en una comarca hortícola puntera, el Carracillo, pero aún así describen problemas en el relevo generacional y en el futuro de los pequeños agricultores. «La sociedad no ve la gravedad del problema que tenemos ahora mismo porque el pequeño agricultor está en riesgo de desaparecer», expresan. 

Una opinión similar mantiene Antonio, que se trasladó a Madrid desde Villaviudas, en el Cerrato Palentino. Las explotaciones de menor tamaño sufren más el ajuste de los costes de producción, afirma. Pone un ejemplo: los costes de una hectárea de cereal se situaban hace cuatro años en unos 300 euros, después de la covid y la guerra en Ucrania se dispararon a 1.000 euros y en la presente campaña pueden rondar los 600 euros, «con los cereales en la lonja a 200 euros por tonelada, así es imposible». Así que el siguiente interrogante pasa por saber si los jóvenes quieren incorporarse a un sector cuya rentabilidad está entredicho: «Los hijos de los agricultores tienen mucha ilusión por seguir, pero los padres no queremos».

Para el presidente de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, Fernando Antúnez, presente en la manifestación, el gran problema del sector es la falta de rentabilidad. «Un agricultor o un ganadero tiene que hacer fortísimas inversiones, tienen dificultades para acceder a la tierra… y si a eso le añadimos la falta de rentabilidad, la consecuencia es un sector que deja de ser atractivo para los jóvenes». 

Así que, para Antúnez, antes de hablar de una transición medioambiental del sistema agrario se debe resolver la falta de rentabilidad, «ese es el gran problema».

¿Quién  calcula las consecuencias?

La casualidad ha hecho que el parlamento europeo apruebe la Ley de Restauración de la Naturaleza en plena revuelta de los agricultores, para encrespar más los ánimos. La norma se presentó por primera vez en 2022 y, desde entonces, causa rechazo en el sector agrario, que ve como una nueva ley cargada de buenas intenciones puede suponer, al final, nuevas exigencias, controles y restricciones a la producción agraria. 

¿Quién se puede oponer a restaurar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados para 2030? Evidentemente nadie. Hagámoslo. Pero claro, esto implicará algunas consecuencias. Por ejemplo, económicas. Hará falta un presupuesto para desarrollar medidas que permitan cumplir esos objetivos. Por ejemplo, alimentarias. Si hay menos superficie de cultivo, restricciones de uso de productos fitosanitarios… se resentirá la producción de alimentos. Europa tendrá que importarlos con todo lo que ello significa (seguridad alimentaria, garantías de abastecimiento…)

Ya sabemos que cualquier actividad humana tiene un impacto. La del sector agroganadero sobre el medio ambiente es evidente. Pero las decisiones de las leyes también lo tienen. Si el conjunto de la sociedad europea está dispuesta a asumir el coste, adelante. Es lo que piden los agricultores, que la fiesta se pague entre todos. Que se incentive y no se castigue. Que se apoyen las prácticas más sostenibles, y que no se impongan. Un camino que ya está recorriendo el sector, midiendo y reduciendo su impacto. Hay cientos de ejemplos. Que las medidas sean negociadas, con un calendario lógico de transición. Eso se pide.

Lo que no quieren es que pase como con la guerra en Ucrania, país que antes dirigía el grueso de sus ventas hacia Asia y África, y que ahora se centra en Europa. Los datos son del comisario de Agricultura de la UE: en 2 años de guerra, la balanza comercial entre la UE-Ucrania es favorable a Europa en 19.000 millones. Pero exclusivamente en el sector agroalimentario es negativa, -19.000 millones. Ese es el coste de la guerra para el sector agrario. Así que hay algunos que se están rascando el bolsillo más que otros.