La proposición de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida pasó hoy su tramitación en la ponencia, sin llegar a acuerdos sobre las enmiendas, y seguirá el debate en la Comisión de Sanidad, según informó su autor, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea.
En su reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para avanzar en acuerdos de comunidad, Igea le pidió "un gesto de buena voluntad", como desbloquear esta iniciativa que se encuentra en las Cortes desde finales de mayo de 2022, lo que se produjo este miércoles con la celebración de la ponencia.
"Tras escasos diez minutos y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos unánimes" el texto se envía a la Comisión, explica Igea en un comunicado de prensa, en el que espera que este debate "se produzca lo más breve posible y no tengamos que esperar otros seis meses más".
A esta proposición de ley han presentado enmiendas los miembros del Grupo Mixto Pedro Pascual (Por Ávila) y Pablo Fernández (Podemos-IU-AV), UPL-Soria Ya y el Grupo Socialista. El Grupo popular retiró las suyas después de un enfado con el impulsor del texto y Vox no registró ninguna.
Fue en el pleno de las Cortes de 7 de septiembre de 2022 cuando se tomó en consideración la PPL, con el único voto en contra del Grupo Vox. Se abrió un plazo para la presentación de enmiendas hasta el 19 de octubre, pero, a partir de ahí, hubo cuatro prórrogas, que llegaron hasta el 16 de marzo.
Sin embargo, un comentario en su cuenta de twiter (ahora X) de Francisco Igea en relación a la obesidad que acompañó junto a una fotografía del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, provocó el enfado del portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, que anunció la retirada inmediata de sus 56 enmiendas, pese a que el procurador se disculpó.
A la Comisión de Sanidad de las Cortes, que preside la procuradora del Grupo Popular María de los Ángeles Prieto, llegan 24 enmiendas del Grupo Socialista, 14 de UPL-Soria Ya, cuatro de Pablo Fernández y una de Pablo Pascual.
La atención a las personas al final de la vida ante nuevas demandas sociales y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios que acompañan al paciente en este proceso son los objetivos que plantea esta norma, en la que se apuesta por profundizar más en estos derechos, visibilizarlos y en sus garantías, en un momento concreto de especial vulnerabilidad de los pacientes.