El Defensor del Pueblo, cuyo cargo ostenta Ángel Gabilondo, tras recibir las quejas de las familias con niños de dos años escolarizados en colegios al tener que volver a concurrir al proceso de admisión para acceder a primero de segundo ciclo de Infantil, lo que hace que su plaza no esté garantizada en el centro al que acuden este curso, recomienda a la Consejería de Educación que «se faciliten las oportunas instrucciones para garantizar la continuidad al alumnado». Considera la prioridad del alumnado para continuar en el mismo centro hasta finalizar las enseñanzas obligatorias», con lo que entiende que los afectados «no quedan obligados a participar en el proceso de admisión». Además, agrega que esta circunstancia «no puede resultar discriminatoria al quedar reducido el número de plazas» disponibles.
Curiosamente, este, pero en sentido contrario, es el argumento que la Junta dio a las familias a la hora de cerrar la resolución al entender que «no se evidencia incumplimiento normativo».
Cabe recordar que los padres y madres del alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil (2 años) del CEIP Padre Claret, matriculado durante el presente curso académico 2022-2023, expresaron públicamente su desacuerdo el pasado mes de febrero con tener que participar en un nuevo proceso de admisión para el curso académico 2023-2024 con el fin de obtener una plaza en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil. Por ello, solicitaban a la Dirección Provincial de Educación que los pequeños que se encuentran actualmente matriculado en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil fueran considerados «de pleno derecho» en sus respectivos centros escolares y no tuvieran que participar en un nuevo proceso de admisión, «siempre y cuando su centro actual oferte la siguiente etapa educativa». Según la información aportada a este periódico ayer estaba previsto en Valladolid el sorteo de la selección de los niños.
Los progenitores, que iniciaron una recogida de firmas, consideran que este nuevo proceso de admisión» incrementará innecesariamente el número de solicitudes y el proceso burocrático».
Los peticionarios argumentan que el alumnado admitido en un centro docente sostenido con fondos públicos «tiene garantizada la permanencia en el mismo hasta la finalización de las enseñanzas obligatorias», salvo los cambios previstos. Asimismo, entienden que el alumnado que actualmente cursa el último curso del primer ciclo de Educación Infantil ya ha participado en un proceso de admisión y ha obtenido plaza de manera oficial y legal en el centro educativo en el que actualmente se encuentra matriculado.
Reiteran ante Educación que durante el último año, el alumnado de 2 años y sus familias se han adaptado e integrado en sus respectivos centros educativos, y ya conocen las instalaciones, la normativa del centro y al personal docente y directivo. Destacan también que han participado durante meses en actividades conjuntas con el resto de compañeros de cursos superiores, por lo que sienten un fuerte apego con su colegio.
Recuerdan que el número de plazas que se han cubierto durante el curso académico 2022-2023 para el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil es inferior al número de plazas que se ha venido ofertando para el segundo ciclo de Educación Infantil. Por tanto, la reserva de la plaza de los escolares de 2 años (nacidos en el año 2020) ya matriculados en el centro escolar no impide la libre elección de estos colegios a niños que no hayan estado matriculados en dichos centros anteriormente, ya sea porque accedan al sistema educativo por primera vez o porque provengan de otros centros que no oferten enseñanzas superiores.
ALTO PORCENTAJE. En otro orden de cosas, los padres entienden que existe un alto porcentaje de alumnado matriculado en el último curso del primer ciclo de Educación Infantil con hermanos mayores en el centro. En el caso de no obtener plaza en el mismo centro durante un segundo proceso de admisión, se originaría un grave perjuicio para dichas familias, que se verían forzadas a separar a sus pequeños y llevarlos a colegios distintos, en contra de su voluntad. Las madres, padres, tutores legales o las personas que se designen para llevar y recoger a estos niños de edades muy tempranas de los centros educativos no podrían cumplir con el horario de los mismos. Esto daría lugar a una situación insostenible para cualquier familia, que impediría además el fomento a la conciliación familiar.
Añaden que si se presupone que una buena parte del alumnado actualmente matriculado en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil va a conseguir plaza en el mismo centro educativo para el siguiente nivel, bien porque el centro cuente con plazas suficientes para todas las solicitudes tramitadas o bien porque al menos algunos de los escolares ya matriculados sume los suficientes puntos como para conservar la plaza, los padres .«No entendemos la razón de realizar un nuevo proceso de admisión. A nuestro juicio, este proceso no reportará beneficios para ninguna de las partes involucradas».
Por todo lo anterior, las familias de los escolares afectados por esta situación entienden que implementar un nuevo proceso de admisión para pasar del primer ciclo de Educación Infantil al segundo ciclo de Educación Infantil en los centros educativos que ofertan ambas etapas educativas supone una discriminación para los alumnos de 2 años ya matriculados en dichos centros y sus familias