Sin llegar a alcanzar las cotas dramáticas de morbilidad y mortalidad que detonó la pandemia de covid de 2020, el pico de enfermedades del sistema respiratorio que lleva semanas poniendo en jaque al sistema público de salud ha devuelto al país y a los españoles a un escenario conocido: el de la greña política con los pacientes sobre la camilla. La reunión de ayer entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias sanitarias, acabó sin acuerdo para reinstaurar la obligatoriedad de utilizar mascarillas en los centros sanitarios. Por la noche, la máxima responsable nacional de Sanidad impuso su empleo a partir de mañana en todo el país.
Resulta curioso que el Ministerio mueva ficha al término de las fiestas navideñas, cuando el pico de la epidemia actual está a la vuelta de la esquina según todos los expertos y con la necesidad de vacunarse con al menos tres o cuatro semanas de antelación para que la profilaxis sea totalmente efectiva. Por llegar, la ministra llega más tarde que las propias autonomías. Algunas, como la Comunidad Valenciana, ya reinstauraron este uso de la mascarilla sin esperar a Madrid, que va con retraso, como tantas veces, y se permite reñir a las comunidades, a las que acusa de hacer política -la mayoría de las comunidades reacias a la medida las gobierna el PP, pero es que la mayoría de las comunidades las gobierna el PP- con la salud de la ciudadanía.
García también ha barruntado la posibilidad de que España regule las 'autobajas' de tres días para evitar que los ciudadanos vayan a la consulta. Al parecer, los episodios de contingencias comunes no son suficientes y, si depende de la ministra, serán los ciudadanos los que decidan cuándo se encuentran lo suficientemente enfermos de una patología leve (sí, es una contradicción, pero es la contradicción del Gobierno) para quedarse en casa en lugar de acudir al trabajo o a un centro de salud. Como casi todo lo que sucedió durante la covid, huele a improvisación.
El sistema sanitario español lleva muchos años atenazado por la falta de recursos. No en todas las comunidades ni en iguales condiciones dentro de las mismas, pero sí en líneas generales. La falta de medios humanos es la causa radical de toda la problemática, pero en lugar de plantear un plan nacional de reforzamiento y salvaguarda de la sanidad pública que pase por incrementar y fomentar la práctica sanitaria, y por obligar a las comunidades autónomas a dar cumplimiento a esa garantía esencial, el Ejecutivo central vuelve a tirar de comodín y carga sobre los territorios el impacto de una pandemia que no conoce fronteras.