La oposición socialista registró hoy su enmienda a la totalidad al proyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León al considerar que "no cambia nada" y se pierde "una oportunidad de oro" para la mejora de los centros tras las deficiencias observadas en la pandemia.
Así lo manifestó la portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades, Nuria Rubio, en declaraciones a Ical para explicar el contenido de la enmienda a la totalidad y las 96 parciales, a la vez que pidió que se hable con todos y que la Consejería haga "una reflexión" para que esta "importante ley" se apruebe con el mayor consenso posible.
"Tenemos la esperanza de que el trabajo realizado y consensuado se tenga en cuenta, no se puede olvidar, hay que aprender de los ocurrido con más de 4.000 fallecidos en las residencias" durante la pandemia, argumentó Rubio, que insistió en que "nada ha cambiado" y "nada cambia" con la ley presentada.
En opinión de su grupo, no se cumple con el principal objetivo que es cambiar "un modelo que ha hecho aguas" en la pandemia, como señaló la procuradora que afirmó la entonces consejera de Sanidad Verónica Casado. "Se hace mucha literatura, cómo no vamos a estar de acuerdo en un modelo centrado en la persona", aseveró Rubio.
Sin embargo, echó en falta ratios correctos, funciones del personal y categorías, sus condiciones laborales, atención sanitaria en los centros, ofrecer la mejor atención a los mayores ya que normalmente llegan a las residencias con alto grado de dependencia y más plazas públicas. "Hay margen para trabajar" en la tramitación de la ley, zanjó.
Avanzar en un nuevo modelo en el que las personas estén a gusto, mejor atendidas, con personal de referencia y total transparencia, resumió la procuradora, que destacó la necesidad de "dejar todo bien atado y amarrado".
Según el calendario de tramitación, el plazo para presentar enmiendas era hoy, si bien UPL-Soria Ya confirmó que ha solicitado prórroga, que se tratará en la próxima reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. El PP ha presentado dos enmiendas y Francisco Igea otras 27, mientras que Vox ha renunciado al considerar que es un "proyecto eminentemente técnico", que ha pasado por un periodo de consultas por los sectores interesados, aunque no descartan introducir alguna mejora vía transaccional.
Por su parte, el Grupo Popular presenta dos enmiendas para que se mantengan las acreditaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la acreditación de centros. También, plantea que los directores de centros residenciales o de día con titulación universitaria o cinco años de experiencia sigan en sus puestos.
Reforzar derechos
El procurador Francisco Igea registra un conjunto de 27 enmiendas parciales cuyo objetivo es reforzar los derechos de los ciudadanos, prohibir las sujeciones y garantizar los controles de calidad y el cumplimiento de los requisitos de la norma, así como eliminar el modelo de macroresidencias después de "la nefasta experiencia" del covid.
Igea explica que la norma debe prohibir el uso de restricciones físicas o químicas, ya que entiende que solo el juez puede limitar el derecho a la movilidad. Defendido que deben garantizarse los derechos individuales y atender la dignidad personal e intimidad del usuario, así como el derecho a la información clínica y el testamento vital. "El acompañamiento al final de la vida debe ser un derecho absoluto, no condicionado a ninguna otra causa que no sea la voluntad del usuario" afirma.
En materia de calidad, reivindica que debe existir una frecuencia mínima en el control, que debe ser público y accesible a través de la web de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. También, defiende las condiciones de los centros residenciales al situarse en las proximidades del centro de salud así como limitar el número de plazas a 60 residentes. En su opinión, la experiencia covid hace "muy desaconsejables" centros de convivencia de personas mayores o discapacitadas con cifras elevadas de usuarios.