Los efectos de las huelgas de letrados y funcionarios de la Administración de Justicia han disparado la tasa de congestión de los tribunales de justicia de Castilla y León en el segundo trimestre del año un 31,5 por ciento, al pasar de 2,61 del pasado año a 3,43. Según el informe 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023', publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogido por Ical, en este periodo se dictaron 23.568 sentencias, un 23,1 por ciento menos, mientras que se resolvieron 73.582 asuntos (-17,2 por ciento).
El propio CGPJ reconoce que durante el segundo trimestre se han juntado dos elementos distorsionadores. Por una parte, en algunas comunidades autónomas se ha producido la admisión masiva de procedimientos que habían quedado pendientes como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo. En el caso de Castilla y León se ha traducido en un incremento de los asuntos ingresados del 8,1 por ciento (74.053). Al mismo tiempo, la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que arrancó en el mes de abril y no fue desconvocada hasta julio, ha provocado una retención de procedimientos. Al finalizar el trimestre los tribunales de la Comunidad registraban 147.605 asuntos pendientes, un 24,7 por ciento más.
La tasa de congestión de Castilla y León (3,43) se sitúa por encima de la media nacional (3,24). Además, por jurisdicciones, subió en todas. La más alta, con un incremento del 42,5 por ciento, corresponde a la Contencioso-Administrativa, que alcanzó 4,30, por delante de la Social (4,15), Civil (4,04) y Penal (2,67).
Asuntos ingresados
En cuanto a los asuntos ingresados en los órganos de Justicia de la Comunidad, Civil, que registró una subida del 19 por ciento, hasta los 32.435, y Social, con un incremento del 6,3 por ciento (16.059), concentraron las alzas, mientras que Penal registró una caída del 1,6 por ciento (34.612). En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registró un ligero incremento del 1,6 por ciento (4.935). A nivel nacional, el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de toda España, que en total sumaron 1.816.522, experimentó durante el segundo trimestre del año un incremento interanual del 7,7 por ciento. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.629.971 asuntos, un 4,7 por ciento menos, y dejaron pendientes al final del trimestre un total de 3.664.388 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 17 por ciento respecto al segundo trimestre de 2022. Además, el informe sobre el segundo trimestre de este año señala que la tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Litigiosidad
Por otra parte, la tasa de litigiosidad se situó en Castilla y León en 33,6 asuntos por cada mil habitantes, mientras que en el conjunto de España fue de 37,8. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunidad Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).