Reza el conocido refrán que más vale llegar a tiempo que rondar un año, realzando de esa forma el don de la oportunidad. Y, si en sentido positivo, la eficacia suele quedar probada cuando de verdad se llega a tiempo de actuar, ya sea para recibir fondos económicos, salvar a las víctimas de un siniestro, sacar adelante unos presupuestos, convencer a unos inversores de las bondades de un proyecto, detener a un delincuente en riesgo de fuga o apuntalar un inmueble antes del derrumbe; cuando no se llega a tiempo, cuando se ronda uno o varios años y finalmente se fracasa, la frustración es mayúscula. Y, en ocasiones, las consecuencias no son solo lamentables, sino además irreversibles.
Es lo que viene ocurriendo mucho más de lo que sería deseable con la violencia de género. Menos denuncias que casos reales, valoración desacertada del nivel de peligro, escasez de efectivos policiales para un correcto control del agresor y para la protección efectiva de las víctimas o soluciones a muy corto plazo, que no acaban con el problema. Al final, se imponen los hechos consumados. En el caso de la llamada violencia vicaria, que es la que se ejerce sobre los hijos como venganza contra la pareja o expareja, no llegar a tiempo se convierte en una dolorosa interpelación al conjunto de la sociedad. Por no calibrar el riesgo real, por no verlo venir, por no ejercer una protección total o una tutela segura sobre los menores.
La Guardia Civil investiga como violencia vicaria el asesinato de dos hermanas de 2 y 4 años en Almería, presuntamente envenenadas por su padre, que después se ha suicidado. Pesaba sobre él una orden de alejamiento por malos tratos para evitar el contacto con la madre, pero disfrutaba de un régimen de visitas de las menores. Ahora, ante las consecuencias lamentables e irreversibles de esas dos muertes, el entorno familiar y vecinal lamenta que se dejara a las niñas estar solas con su progenitor, sabiendo que era un maltratador. En realidad es una queja de la sociedad, que vuelve a preguntarse como en casos anteriores si falló la justicia al no ver la magnitud de la amenaza o si las leyes españolas son tan garantistas que contemplan y respetan los derechos de víctimas y victimarios, sin hacer hincapié en la parte más vulnerable.
La cuestión, como casi siempre, vuelve a ser llegar a tiempo para evitar este y otros desastres, pero como no se debe dejar al azar temas tan peliagudos y sensibles, conviene actuar de urgencia en la revisión de las leyes y su aplicación, de las medidas de protección, de la educación, de la impunidad en las redes sociales y del apoyo a las víctimas de los malos tratos, incluyendo siempre a los menores. Para llegar a tiempo con suficiente antelación.