La balanza fiscal deja a CyL entre la mitad que más recibe

David Alonso
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Castilla y León percibió 1.762 millones de euros más de los que aportó en 2021 a los fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad utilizados frente a las diferencias territoriales

Imagen del cartel de una delegación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. - Foto: Tomás Fernández de Moya

Castilla y León recibe más fondos de los que aporta a la hucha común del Estado. No es ninguna sorpresa, pero la publicación este martes de la primera tanda de datos para calcular las balanzas fiscales de las comunidades autónomas en 2021 sirven para poner nombre y apellidos a esta situación. El enrevesado e incompleto documento hecho público por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, revela que la Comunidad recibió 1.762 millones de euros más de los que aportó a los fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad, utilizados por el Estado para reequilibrar las diferencias económicas entre las regiones más avanzadas y las más retrasadas. Una cuantía que pasada por el filtro de población deja a Castilla y León como la séptima que más recibió de Hacienda por esta vía, con casi 740 euros por habitante más de los que aportaron. Esta primera tanda de datos del Ministerio para calcular las balanzas fiscales llegan como uno de los compromisos a los que llegó el Gobierno con JxCat a cambio de su voto para salvar los primeros decretos de la legislatura, además del traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat.

Tal y como se puede ver en la tabla que acompaña la información, Castilla y León es la cuarta región con mejor saldo total de los cuatro fondos, acaparando el 10% de los 16.257 millones de euros reconocidos, solo superada por Andalucía, Canarias y Galicia, aunque cae hasta la séptima posición si se divide entre la población de cada territorio, donde Madrid y Baleares aparecen como los grandes contribuyentes a la solidaridad autonómica, aportando más de lo recibido.

Analizando estos cuatro fondos, Castilla y León percibió 1.120 millones más de lo puesto en 2021 para el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el cual garantiza que todas las comunidades van a recibir los mismos recursos por habitante. Otros 425 millones llegaron del Fondo de Suficiencia Global, que opera como recurso de cierre del sistema, asegurando que las necesidades globales de financiación de cada comunidad se cubren con su capacidad tributaria. Por último, 218 millones se corresponden al Fondo de Cooperación, creado con el objetivo de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en términos de renta.

Unas cuentas de las que están excluidas tanto el País Vasco como Navarra al contar con un régimen fiscal propio, y donde, al menos en base a esta primera tanda de datos del Ministerio, Cataluña se encuentra en equilibrio, recibiendo ligeramente más de lo aportado a la caja común (+146,1 millones).

Inversiones

Otro de los cálculos a los que se puede llegar tras la publicación del informe del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, es el reparto territorializado de las inversiones que las empresas públicas realizaron durante el año 2021. Esto son las obras acometidas por entidades como Renfe, Adif, Adif Alta Velocidad, SEITTSA, el SEPI, o el SEIASA, entre otras. En este caso, Castilla y León resulta mucho mejor parada todavía, siendo la quinta en volumen total de inversiones recibidas de empresas del Estado, con más de 286,3 millones de euros, el 8% de los 3.800 millones territorializados que reflejan los datos de Hacienda. No obstante, la Comunidad escala hasta la tercera posición en el gasto por habitante, con 120,14 euros invertidos por ciudadano, solo por detrás de Extremadura (173) y Madrid (126).

Respuesta de la Junta

La publicación de las balanzas fiscales fue criticada por el consejero de Economía de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que denunció que tiene como único objetivo alcanzar una financiación «a la carta». En declaraciones a Onda Cero Castilla y León, Carriedo explicó que el modelo constitucional establece que los ciudadanos pagan sus impuestos en función de su capacidad contributiva, mientras que las comunidades reciben fondos «en función de sus necesidades».