El Consejo de Cuentas y el Consultivo analizaron hoy conjuntamente en Palencia las principales áreas de riesgo en la contratación del sector público, además de impulsar su colaboración en esta materia con una jornada de formación en la sede del órgano de control externo de Castilla y León. Su relación se enmarca en el protocolo de actuación suscrito a finales de 2020 para el intercambio de información y la promoción de actividades formativas y de estudios en esta área.
En declaraciones a los medios, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y su homólogo en el Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que tiene adscrito este órgano, Agustín Sánchez de Vega, aseguraron que esta colaboración y apoyo recíprocos entre ambos órganos permiten "redoblar la transparencia y supervisión ejercidos en los procesos sobre contratación pública".
En sus más de 20 años de trayectoria, el Consejo de Cuentas ha realizado un total de 38 fiscalizaciones en materia de contratación, 27 de ellas en el ámbito del sector público autonómico y once en el sector público local. Representan el 14 por ciento de los 268 informes realizados por el órgano de control externo.
Actualmente, se encuentran en elaboración otras dos fiscalizaciones (la contratación menor en la Administración autonómica y la contratación por parte de las diputaciones provinciales) y en el Plan de trabajo del año en curso se han programado tres más (la contratación administrativa de la Comunidad del ejercicio 2022, la contratación del servicio de ayuda a domicilio por parte de las diputaciones provinciales y los contratos de prestación del servicio de transporte colectivo urbano por los ayuntamientos de las capitales de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora).
Amilivia puso de manifiesto que la contratación administrativa de la Comunidad representó en el ejercicio 2021 casi 3.000 expedientes por un importe de 765 millones de euros. También refirió que un reciente acuerdo con el Tribunal de Cuentas permitirá, mediante la puesta en marcha de la herramienta online 'Fisconex' alcanzar una mayor eficiencia en la remisión de los contratos del sector público estatal y autonómico al automatizar dicho proceso, en su mayor parte, vía interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público.
De igual modo, el presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín S. de Vega, señaló que más de 17.000 dictámenes, seguidos en un 95 por ciento por las administraciones consultantes en estos 20 años, y más de 1.000 resoluciones, con un valor en litigio de más de 14.600 millones de euros, desde la adscripción del Tarccyl hace diez años, permiten hablar de un acierto en su particular diseño, y de la solidez de la institución.
Afirmó que el Tarccyl ha sido reconocido como un modelo de éxito como órgano especializado e independiente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública, recordando que los datos confirman que ofrece una justicia rápida y gratuita en materia de contratación pública, a la vez, que genera una gran confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.
El Consejo Consultivo aprobó el pasado año 696 dictámenes, casi un 27 por ciento más que en 2021, de los cuales 31 pertenecen a la provincia de Palencia. En relación con la actividad, en 2022 se resolvieron 208 recursos.
El 68,75 por ciento (143) de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 por ciento), seguido del de pliegos (35,58 por ciento) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23 por ciento). Los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibió, 77, (37,02 ).
Sánchez de Vega trasladó que los riesgos se corren en ese incremento de resoluciones anticipadas de contratos, ya que en 2022 se tuvo mayor número en este sentido donde el Tarccyl participa con un dictamen. Al dejar de lado la época de la pandemia, se percibe que ante una situación de normalidad se da este caso, dijo.
"Ambas instituciones trabajamos con el objetivo del control de legalidad y transparencia en la contratación pública y somos dos órganos muy eficaces, porque las situaciones y los comentarios de corrupción han disminuido drásticamente en Castilla y León", aseveró a Ical.